El grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento ciudadano Teruel Existe ha presentado dos recursos de alzada contra la autorización administrativa otorgada por la Dirección General de Política Energética y Minas a la línea de Alta Tensión que cruza las provincias de Zaragoza, Teruel y Tarragona para llevar la electricidad a Barcelona (subestación de Begues). La Resolución, con fecha de 13 de julio, se publicó el pasado mes de agosto en el Boletín Oficial del Estado y otorga a Energías Renovables de Ormonde, dependiente de Forestalia, la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Jaime I y sus infraestructuras de evacuación. Desde Teruel Existe aclaran que se trata de la “polémica” línea de muy alta tensión privada de 274 kilómetros que presentan como línea de evacuación de los clústeres Begues y Garraf, incluidos en el megaproyecto Sputnik de Forestalia, que contienen numerosos proyectos eólicos y fotovoltaicos en 38 localidades turolenses. Informan también de que el mismo día se autorizaron administrativamente otros nueve parques eólicos que evacuarán su energía a Begues, ubicados en Azuara, Almonacid de la Cuba, Lécera, Moyuela, Plenas, Moneva, Huesa, Blesa y Muniesa.
En los recursos presentados Teruel Existe alega que existe fragmentación de macroproyectos, acusan falta de planificación y denuncian que no existen los permisos preceptivos del órgano ambiental catalán. Además, especifican que se anuncian modificaciones en las ubicaciones de los aerogeneradores que ni se conocen ni han sido evaluadas (32 de los 81 aerogeneradores deberán ser reubicados), una evaluación que desde el Movimiento ciudadano Teruel Existe consideran “inaceptable e inaudita, y en los juzgados no puede tolerarse”. Por otra parte, después de formularse la DIA, se ha aumentado la potencia unitaria de cada aerogenerador, pasando de 5,5 MW a 7 MW sin ningún tipo de permiso añadido ni dando cabida a la participación ciudadana.
Recuerdan que el estudio de impacto ambiental de los parques eólicos se rechazó por la autoridad ambiental “por su baja calidad” y el promotor tuvo que volver a hacerlo, aportando nueva documentación, pero este segundo estudio nunca fue expuesto a información pública. Asimismo, “los estudios de impacto ambiental se presentaron incompletos”. Advierten de que existe amenaza para el águila azor perdicera, el cernícalo primilla y el milano real, en peligro de extinción y “más de la mitad de los aerogeneradores previstos en la zona de Azuara, Blesa o Muniesa, se ubican en áreas críticas para las aves esteparias, con especies en peligro de extinción”.
En cuanto a la línea a Begues y los parques eólicos de la sierra de Cucalón, Teruel Existe denuncia que se ocupan espacios de la Red Natura 2000 y afectan gravemente a zonas ZEPA “poniendo en riesgo al Quebrantahuesos y al águila azor perdicera”.
Insisten en que no se ha emitido el informe favorable de la Generalitat de Catalunya, que es vinculante para el desarrollo del trámite del proyecto. Indican que el director general de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya, Marc Vilahur, aseguró que el Gobierno está siguiendo “un procedimiento nada habitual, por no decir prácticamente inédito, porque el informe de biodiversidad debe emitirse antes de la DIA y de la autorización del proyecto”.
Afectados 38 municipios turolenses de cinco comarcas
El Clúster Begues engloba 19 centrales eólicas y una planta fotovoltaica (con nueve subestaciones). En la provincia de Teruel, son 572 MW, en los municipios de Cucalón, Allueva, Bea, Calamocha, Fonfría, Vivel del Río Martín, La Hoz de la Vieja, Segura de los Baños, Maicas, Salcedillo, Lanzuela, Lagueruela, Blesa, Huesa del Común, Muniesa, Ariño, Alacón e Híjar. El Clúster Garraf contempla 648,7 MW con 14 centrales eólicas en Mazaleón, Valdeltormo, Valjunquera, Valdealgorfa, La Codoñera, Belmonte de San José, Alcorisa, Los Olmos, La Mata de los Olmos, Crivillén, Calanda, Alcañiz, Andorra, Alloza, Berge, Molinos, Castellote, Seno, Samper de Calanda y Alcañiz.
El Movimiento ciudadano Teruel Existe alerta de que “este megaproyecto con una inmensa línea de alta tensión privada afecta a la mitad de la provincia y es solo el principio de una invasión especulativa sin límites porque no pararán de añadir parques eólicos y fotovoltaicos”. Recuerdan que fue rechazada contundentemente en el Senado por todas las fuerzas políticas, y en el Congreso la ministra de Transición Ecológica y Reto demográfico, Teresa Ribera, definió como “difícil de entender la lógica energética y ambiental del proyecto”, y valoró que “era desproporcionado”.
