La España Vaciada ha vuelto a acaparar la atención del grupo de trabajo de Unión Europea de la Comisión por la Reconstrucción Económica y Social del país, a raíz de la intervención de Cruz Fernández, funcionario de carrera de la Comisión Europea, experto en Derecho Comunitario y representante de Cuenca Ahora en la Coordinadora de la España Vaciada. El compareciente, que ha sido propuesto por la Agrupación de Electores, Teruel Existe, ha centrado su exposición en explicar algunos puntos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre los que podrían fundamentarse medidas específicas para atajar la situación de la España Vaciada como son ayudas suplementarias a los territorios despoblados o una fiscalidad diferenciada para las personas y empresas que se asienten en ellos.
Uno de estos artículos es el 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que se dispuso con el fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, reforzar su cohesión económica, social y territorial, así como “reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas”, destacando que “se prestará especial atención a las zonas rurales y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes”; también en el apartado tercero del artículo 107 se habla sobre competencia y fiscalidad, donde se apunta que podrán considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.
Que el nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE contemple estas demandas
El experto ha señalado que para solventar los problemas de la España Vaciada debe hacerse una buena utilización de los recursos nacionales disponibles y también de las ayudas e instrumentos europeos. En este sentido, ha destacado la importancia de la aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, que todavía se encuentra en fase de negociación y que, en arreglo a lo dispuesto en los artículos que se mencionan arriba, debería incluir “la adopción de medidas específicas o suplementarias a las ya establecidas en el marco general para zonas geográficas que padecen problemas de despoblación graves y permanentes, en las cuales pueden insertarse los territorios de la España Vaciada con dicha problemática estructural”.
Así mismo, Fernández ha abogado porque en la futura reglamentación, exista una discriminación positiva hacia estos territorios para favorecer su desarrollo económico y social, en la que se incluyan los beneficios fiscales correspondientes -disminución del IRPF, impuesto de sociedades, Ibi y también una rebaja de las cotizaciones sociales destinadas a favorecer el mantenimiento de la población e impulsar el asentamiento de nuevos habitantes.
El experto ha lamentado que, hasta ahora, la normativa comunitaria que ha desarrollado la política estructural y de cohesión no ha tenido en cuenta la situación especial en la que se encuentra la España Vaciada, sus territorios y sus gentes. “Se les ha aplicado las mismas reglas que el resto cuando su situación estructural es, a todas luces, diferente lo cual podría vulnerar el principio de igualdad o no discriminación reconocido tanto en el derecho comunitario, artículo 2 del TFUE y el artículo 14 de la constitución española, cuyo desarrollo jurisprudencial exige que ante situaciones iguales se otorgue el mismo trato a las personas y en situaciones desiguales se favorezca un trato distinto a las mismas”, ha explicado.
Teruel Existe pregunta por la implantación de la Fiscalidad diferenciada en España
En su turno de preguntas, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha querido saber un poco más acerca de la posibilidad de llevar a cabo esta fiscalidad diferenciada, de las dificultades que puede haber a la hora de su aplicación y los precedentes exitosos que ha habido en otras partes, ya que, según ha apuntado, en muchas ocasiones estas propuestas se encuentran con la oposición del propio Estado o de la Unión Europea por considerar que contravienen la normativa de libre competencia.
Así mismo, Guitarte ha preguntado si además de este tipo de discriminación positiva, también sería conveniente una reducción de costes en aspectos como la cuota de la Seguridad Social, algo que depende del propio Estado y no de la Unión Europea.
Fernández ha respondido al diputado alegando que a pesar de que algunas medidas como la de reducir la cuota de la Seguridad Social dependen, efectivamente, del Gobierno nacional, es necesario contar con un soporte legal a nivel europeo para poder llevar a cabo su aplicación en España. “Si un reglamento comunitario contemplase estos aspectos ya sería permisible y el Gobierno español podría aplicar ese reglamento y adoptar una serie de medidas concretas sobre fiscalidad”, ha apuntado y ha añadido que en su opinión es una vía que “hay que utilizar”, y que España debe negociarla y gestionarla en Bruselas.
