La comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria, con presencia de todas las CCAA y presidida por el Secretario General de Universidades, José Manuel Pingarrón, ha trabajado durante la jornada de hoy en los últimos ajustes en los protocolos que se deben implementar en las universidades este inicio de curso. El objetivo ha sido asegurar una buena coordinación del inicio del curso. Se trata de garantizar que tanto el personal docente e investigador, como el estudiantado y el personal de administración y servicios disponen de información precisa sobre las medidas sanitarias y educativas que se van a aplicar en el curso 2020-21.
Ajustes en las recomendaciones ministeriales
Los Ministerios de Universidades y Sanidad han actualizado el documento marco de recomendaciones sanitarias y educativas elaborado ya el pasado mes de junio. Uno de los cambios fundamentales es que se hace obligatorio el uso de la mascarilla en las clases que finalmente se vayan a realizar de manera presencial y, por supuesto, en los espacios comunes. Además, se intensifican también las labores de ventilación en todos los espacios del centro, y se recomienda ventilar al menos durante 10 ó 15 minutos al inicio y final de la jornada y en las aulas después de cada clase lectiva. Se recomienda mantener las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible.
Protocolos de actuación en caso de localización de positivos
En tercer lugar, se establecen los protocolos de actuación de las universidades ante un caso sospechoso o uno positivo de COVID-19. Las universidades que conforman el sistema universitario español, en el uso de su competencia, deberán contar con un protocolo de actuación ante la detección de un caso sospechoso de COVID-19. Este protocolo debe elaborarse siguiendo los criterios sanitarios establecidos por el Ministerio de Sanidad y las Consejerías respectivas de las Comunidades Autónomas. A continuación, se destacan varias líneas dentro de este protocolo.
En el documento de recomendaciones actualizado, se establece, en primer lugar, que todas las universidades tengan una persona responsable global de la gestión de las actuaciones derivadas del COVID-19, y que, a su vez, cada Facultad, Escuela, Instituto de Investigación o Centro Adscrito disponga de una persona de referencia responsable en su ámbito para la gestión de la crisis. Se establece una manera de operar en cada centro educativo en caso de detección de un caso sospechoso o positivo de COVID-19, elaborada en coordinación con el Ministerio de Sanidad.
A nivel de centros y de grandes equipamientos académicos o espacios de gestión, las universidades deberán definir un espacio para el aislamiento de la persona detectada como caso sospechoso de COVID-19.
Si algún estudiante desarrolla síntomas compatibles con COVID-19, se le solicitará que se traslade hasta ese espacio de aislamiento (que deberá estar bien ventilado y contar como mínimo de una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y los pañuelos desechables) y se colocará una mascarilla quirúrgica (que debe facilitar el centro universitario). La persona que le acompañe también debe colocarse una mascarilla quirúrgica.
El o la estudiante que es un caso sospechoso deberá permanecer aislado/a en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento domiciliario hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Este o esta estudiante no podrá reincorporarse a la actividad académica normal hasta que sea indicado por las autoridades sanitarias.
Desde el momento en que se confirme el diagnóstico de COVID-19, se realizará un estudio de contactos del caso confirmado con la colaboración de los responsables de cada centro y universidad y las autoridades sanitarias, para determinar con qué otros estudiantes y resto de miembros de la comunidad universitaria ha estado recientemente en contacto estrecho – a menos de dos metros de distancia durante más de 15 minutos sin mascarilla, desde las 48 horas antes del inicio de síntomas del caso confirmado y hasta el momento en el que el caso es aislado. Una vez detectadas esas personas, se les comunicará que deberán pasar a estar en cuarentena en su habitación en sus lugares de residencia y, por tanto, deberán dejar de asistir a las actividades académicas presenciales, se realicen éstas en la universidad o fuera de ella, hasta que no hayan superado la duración de la cuarentena. Se indicará la realización de una PCR a los y las estudiantes que hayan sido identificados como contactos estrechos según se recoja en los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública de cada comunidad autónoma con el objetivo principal de detectar precozmente nuevos casos positivos en el momento de la identificación del contacto. Independientemente del resultado de esta PCR, la cuarentena debe durar 14 días ya que, aunque en ese momento aún no sea positivo, puede desarrollar la enfermedad a lo largo de esos 14 días.
Todas las facultades, escuelas e institutos de investigación deberán disponer de material de protección para ser utilizado en el caso de detectar un caso sospechoso en un o una estudiante, o en el profesorado y el personal de administración y servicios, durante el aislamiento en el centro universitario.
Por regla general, el o la estudiante que pasa a una situación de aislamiento tendrá el derecho de recibir la docencia correspondiente de forma no presencial, siempre atendiendo a la idiosincrasia y especificidades de cada asignatura. El centro se encargará de velar porque el o la estudiante afectado que deba realizar el aislamiento y los contactos estrechos, que hagan la cuarentena, reciban la docencia de las diferentes asignaturas en las que esté matriculado.
En el caso de la constatación de un número elevado de estudiantes (o resto de miembros de la comunidad universitaria) afectados, cualquier decisión que tenga afectación general de un centro o una universidad deberá ser tomada conjuntamente por los responsables de la universidad y las autoridades responsables de la política sanitaria y de la política universitaria.
