Finalmente se ha cumplido la amenaza y el Ministerio de Hacienda ha logrado que la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobara la propuesta por la cual se incautan de los remanentes de los ayuntamientos. Eso sí, lo han hecho en solitario y gracias al voto de calidad del presidente, Abel Caballero, con la oposición del resto de formaciones políticas y la abstención de Izquierda Unida.
Esta decisión supone que el Ejecutivo español va a poder hacer uso de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos y diputaciones, a cambio de un fondo de 5.000 millones de euros a fondo perdido solo para las entidades locales que cuenten con remanentes y superávit. Una cuantía muy inferior al montante que asume la Administración Central del Estado y que supone un grave perjuicio para los consistorios de la provincia de Teruel.
Tal y como ha advertido la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, después de participar en la citada reunión, “el Gobierno central se va a quedar con los ahorros de todos los municipios”. Un hecho que, ha añadido, “va a impedir que las localidades de la provincia puedan invertir, en estos momentos tan complicados, las cuantías que tienen fruto de su buena labor para poder afrontar los enormes retos que tienen por delante en un 2020 tremendamente complejo”.
Para Buj, estos momentos requerían que el Gobierno español “ayudara a las entidades locales” porque son “las que más directamente inciden en la calidad de vida de todos los españoles”. “Estos meses hemos tenido que poner en marcha medidas de protección a los vecinos, fijar el foco en ayudar al sector empresarial para que puedan sobrevivir al confinamiento y a la parálisis casi total, y hemos reducido impuestos para aliviar las economías de los más afectados”, ha incidido, lo que ha supuesto “hacer mucho más con unas cuentas muy reducidas y exiguas”.
Por ese motivo, la alcaldesa de Teruel ha criticado que “en lugar de darnos un balón de oxígeno y permitirnos gastar el dinero que lícitamente es nuestro”, han optado por “poner palos en las ruedas y acometer una decisión que va en contra de las administraciones locales”. Un “error imperdonable” que, ha complementado, “ha roto por primera vez la unanimidad con la que se tomaban las decisiones de mayor calado en la FEMP”.
Buj ha añadido a su vez que esa decisión es todavía mucho más dañina para el medio rural y para los pequeños municipios, ya que “los superávit solo se pueden invertir en áreas que, en muchos casos, no son las prioritarias para los pequeños municipios”. “Es una prueba más del enorme desconocimiento que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez de la realidad que se vive en los pequeños municipios”, ha incidido.
También ha valorado que “esta decisión es muy perjudicial para el medio rural y vuelve a dar la espalda a provincias como Teruel”. “Lamentablemente estamos acostumbrados que las decisiones del Gobierno de coalición PSOE-Podemos piensen exclusivamente el número de votos en lugar de las necesidades de territorios como el nuestro, que vive una realidad diferente y que, por lo tanto, necesita actuaciones completamente dispares con los de las grandes ciudades”, ha agregado.
