Cinco formaciones de diferente signo político del Grupo Mixto del Senado –la Agrupación de Electores Teruel Existe, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Aragonés (PAR), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Agrupación Socialista Gomera (ASG)– han presentado una enmienda conjunta a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para impulsar la instalación de cajeros automáticos en las zonas rurales. Todas las formaciones del Grupo Mixto a excepción de Vox se han unido para presentar está enmienda.
La iniciativa surge de Teruel Existe para unir al Grupo Mixto en esta enmienda, que tiene por objeto luchar contra la exclusión financiera ante el creciente cierre de oficinas bancarias en estos territorios de la España Vaciada, reclama al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico una partida de un millón y medio de euros que permita subvencionar la implantación de este servicio en áreas rurales de menos de 1.000 habitantes, las más afectadas por el cierre de las entidades financieras, que garantice el acceso a estos servicios.
Se trata, según explican los proponentes, de dar cumplimiento en los Presupuestos 2021 a una moción aprobada por la mayoría absoluta del pleno del Senado el pasado 8 de septiembre. La propuesta, del PSOE, que contemplaba un plan contra la exclusión financiera en España, incorporaba enmiendas específicas de Teruel Existe y el PRC relativas a la colaboración entre administraciones para elaborar, en las zonas en las que no existan oficinas bancarias, “un plan de desarrollo y despliegue de redes de cajeros multientidad que permitan a todos los ciudadanos tener acceso a sus gestiones bancarias sin que ello suponga un sobrecoste”, así como a la necesidad de promover servicios itinerantes “priorizando la atención presencial a los clientes”.
Todo ello con el fin, explican los firmantes de la enmienda, de contrarrestar los efectos provocados por la desaparición de las oficinas bancarias y los cajeros automáticos “en la práctica totalidad de los pequeños municipios del medio rural”.
La aparición de los cajeros automáticos resultó en su momento especialmente beneficiosa en las zonas más vulnerables y con alta despoblación, afianzando la autonomía financiera de sus habitantes. Sin embargo, la creciente tecnificación de la economía, sumada a la crisis financiera de 2008 y a la actual del Covid-19, ha supuesto un retroceso en este sentido.
De hecho, según un estudio del Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada sobre la brecha financiera en nuestro país, tres millones de habitantes de la España Vaciada estarán en riesgo de exclusión financiera en 2025, y el 5% tendrá grandes dificultades para acceder al dinero en efectivo, lo que agravará las desigualdades económicas y la brecha geográfica. Y los esfuerzos de las entidades bancarias para ofrecer soluciones alternativas –oficinas móviles, banca por internet o banca telefónica–no cubrirán las necesidades de las personas de más edad en zonas rurales, que se verán excluidas del sistema por completo.
Es lo que pretende evitar la enmienda suscrita por los senadores Beatriz Martín Larred y Joaquín Egea Serrano, de Teruel Existe; Alberto Catalán Higueras, de UPN; Clemente Sánchez-Garnica Gómez, del PAR; José Miguel Fernández Viadero, del PRC, y Fabián Chinea Correa, de ASG, que además constituye un claro ejemplo de que la brecha financiera tampoco distingue entre territorios.
