Hoy, 20 de junio, con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas, desde distintas organizaciones sociales de Teruel, Huesca y Zaragoza queremos denunciar la difícil situación que viven millones de personas refugiadas en el mundo. Y las causas que son muchas: guerras, violencia generalizada, cambio climático, persecución por motivos religiosos o políticos, por género o por orientación sexual… todas ellas graves violaciones de los derechos fundamentales.
La experiencia de la Pandemia ha supuesto un punto y aparte en nuestras vidas y una percepción diferente de la realidad. Nos solidarizamos con todas las personas que la han sufrido de cerca y con todas aquellas que han fallecido por ella.
Si algo sabemos es que este virus no conoce fronteras, pero que sin duda tiene efectos más graves en personas en situación de vulnerabilidad. En el caso de las personas desplazadas, migradas, solicitantes de asilo y/o refugiadas, a la dificultad de acceder a derechos básicos y a una vida digna se suma el confinamiento en lugares y condiciones que no garantizan la prevención y la asistencia médica necesaria para enfrentar la pandemia.
Vivimos tiempos en que somos más conscientes que nunca de la necesidad de refugio ante la COVID-19. Para quienes están lejos de sus hogares, hablamos de la necesidad de encontrar un doble refugio.
El coronavirus tiene una expansión Global, por lo que la respuesta también debe serlo. Esto implica el compromiso de apoyo a países que carecen de medios suficientes de prevención y respuesta, especialmente los que están acogiendo a un mayor número de personas refugiadas.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acaba de afirmar que el desarrollo humano va camino de retroceder este año por primera vez desde 1990, el COVID es un ampliador de desigualdades. Y, por tanto, no podemos permitir que los derechos de las personas migrantes y refugiadas sigan viéndose vulnerados.
Por todo ello:
Denunciamos la externalización de las fronteras, que se haga negocio con ellas para las industrias de armamento y seguridad, y se financie a terceros países para que actúen como los porteros de la UE sin importar la brutalidad con que actúen. Nos avergüenza una UE acusada ante la Corte Penal Internacional en La Haya de crímenes de lesa humanidad por su política de refugio. Una Europa que mira hacia otro lado ante la tragedia insoportable en el Mediterráneo. Sólo en 2019 murieron 1.319 personas, aunque sabemos que son más las víctimas directas de estas políticas.
Denunciamos que se trate de abandonar, detener y criminalizar a quienes ejercen el derecho a migrar y a tratar de construir una vida digna. En particular, denunciamos las “devoluciones en caliente” de muchos de los que consiguen atravesar las fronteras, que les niegan derechos reconocidos en nuestra legislación como la posibilidad de solicitar asilo, la asistencia jurídica y la protección a menores y víctimas de trata entre otros.
Exigimos que se cumpla la legalidad europea e internacional y habilitar vías legales y seguras para que las personas refugiadas no tengan que arriesgar su vida en peligrosas rutas, prestando especial atención a la violencia sexual y de género, y a la ejercida sobre menores y personas con discapacidad.
Exigimos un nuevo Pacto Europeo para la Migración y el Asilo basado en la responsabilidad compartida de todos los Estados miembro, en el que se garantice una acogida basada en el respeto a los Derechos humanos, habilitando los presupuestos y recursos que requieren los actuales desafíos.
Exigimos que haya un compromiso por parte del conjunto de actores políticos, económicos y sociales en contra de bulos, mensajes xenófobos o discriminatorios hacia la población migrante y refugiada. Al mismo tiempo reivindicamos un discurso público positivo sobre la migración que ponga en valor las contribuciones y capacidades personales, culturales, sociales y económicas que las personas migrantes aportan a la sociedad, basada en datos y evidencias.
Exigimos que los derechos de las personas migrantes y refugiadas no queden ‘congelados’ en un momento de pandemia, por lo que instamos al Gobierno a que ponga fin al hacinamiento que se da en el CETI de Melilla acelerando los traslados a la península, especialmente de las personas más vulnerables.
Exigimos que en el Estado español y en el contexto actual de emergencia sanitaria provocado por la COVID-19, se ponga en marcha de manera urgente un proceso de regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular y de solicitantes de asilo en espera prolongada de resolución de su solicitud.
Es fundamental dar continuidad a la igualdad de acceso y no discriminación en la atención a tratamientos sanitarios, y que no se pueda comprometer el derecho a la vida bajo ninguna circunstancia.
Exigimos garantías de acceso a trabajo digno y garantías de acceso inmediato al ingreso mínimo vital para los grupos más vulnerables. El ingreso mínimo vital debe asegurar que cubre a víctimas de trata, solicitantes de asilo y familias migrantes con menores a su cargo, independientemente de su situación administrativa.
Se deben multiplicar los esfuerzos y recursos para que desaparezcan las causas que obligan a las personas a huir de sus países. Es necesaria una resolución dialogada y efectiva de los conflictos en curso, prohibiendo la venta de armas a países que violan los derechos humanos.
Se requiere una actuación decidida y real a favor de la democracia y para acabar con la pobreza y las grandes desigualdades sociales existentes en el mundo.
“NO JUZGUES SU CAMINO, PONTE EN SUS ZAPATOS”
