Las organizaciones empresariales CEOE Teruel, CEPYME Teruel y CEAT Teruel quieren dejar constancia de su apoyo y respaldo a las autoridades, los equipos sanitarios y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante las medidas adoptadas por las administraciones públicas para paliar los efectos del COVID-19.
Para ello, prestarán toda su colaboración a través de un gabinete de seguimiento que permitirá pulsar el estado de situación de las empresas de la provincia, así como sus demandas y necesidades.
Para la patronal, la paralización económica y las consecuencias que se deriven, pueden resultar determinantes para el futuro del tejido productivo de la provincia, teniendo en cuenta el freno que para el sector turístico, uno de los motores económicos turolenses, así como para el comercial e industrial, puede ocasionar, sin olvidar el inminente cierre de la Central Térmica de Andorra.
Por ello, desde las organizaciones empresariales estiman urgente y necesario que el Consejo de Ministros concrete medidas de carácter económico que garanticen la liquidez a la empresas, especialmente las pequeñas y medianas, así como a los autónomos, para evitar su quiebra inmediata y asegurar en lo posible la supervivencia del tejido productivo.
En este sentido, se precisan medidas urgentes como la simplificación y agilización de los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) con efecto retroactivo y el reconocimiento en situaciones como el actual estado de alarma de una fuerza mayor para su presentación. Del mismo modo, es necesario que se contemple el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones por desempleo.
Ante la falta de liquidez provocada por la inactividad, las organizaciones empresariales turolenses abogan por la suspensión de la obligación de pago de las cotizaciones por parte de las empresas, siendo además necesario que se establezcan líneas de avales públicos suficientes que faciliten el acceso al crédito por parte de las empresas, especialmente de pymes y autónomos, así como que las administraciones abonen de inmediato a sus proveedores las facturas pendientes y las que reciban, sin siquiera agotar los plazos que fija la Ley de morosidad, así como que se aceleren las devoluciones tributarias pendientes.
Para los empresarios turolenses resulta fundamental además que el Gobierno de España permita los aplazamientos y fraccionamientos de pago de manera automática y sin intereses, por un plazo suficiente para todos los pagos tributarios que tengan que realizar las empresas que hayan sufrido de forma significativa una disminución en sus ingresos o un incremento de los gastos en 2020 por el COVID-19.
En este sentido, el colectivo de los autónomos es el que se encuentra en una situación especialmente difícil que requiere también una suspensión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario.
Para la patronal turolense es necesario además que se fomente la digitalización y el teletrabajo en las empresas. La actual situación puede provocar la agilización de un proceso que permita en el futuro la conciliación familiar y laboral, cumpliendo con uno de los requisitos de la responsabilidad social empresarial.
