La Diputación de Teruel ha aprobado en la sesión plenaria ordinaria del mes de abril aplicar el Real Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón y que permitirá paliar los problemas generados en los contratos públicos por el encarecimiento de las materias primas. Esta aprobación ha sido el punto principal de un pleno que se ha celebrado por primera vez fuera de la sede de la institución provincial, en este caso en Alcañiz, con motivo de la celebración del Día de San Jorge y el día de la provincia de Teruel.
En la rueda de prensa previa al pleno, tanto el presidente de la Diputación de Teruel Manuel Rando como el vicepresidente Alberto Izquierdo han destacado el “pleno histórico” que se ha celebrado este jueves, por ser la primera vez que ha tenido lugar fuera de la capital turolense.
Sobre los asuntos recogidos en el orden del día, el presidente ha explicado que con las subidas de precio de las materias primas en muchos casos “los contratos de obra pública quedan obsoletos”,así que con la aprobación de este decreto por el que se revisarán los precios de los contratos públicos, de una manera rápida después de que el Gobierno de Aragón hiciera lo propio, se da respuesta a esta situación que, ha dicho, ha llevado entre otras cosas a que “los ayuntamientos de la provincia no hayan podido ejecutar más de 6 millones de euros del POS 1 (Plan de Obras y Servicios de la DPT)”.
Además, ha subrayado que esta aprobación “va a dar pie a que se reanuden obras pasadas, obras presentes, con el apoyo de la Diputación de Teruel” y de este modo “generar actividad económica, generar empleo y a la postre mejorar los servicios públicos de todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia y de los barrios pedáneos, que por primera vez en esta legislatura tienen un presupuesto propio”.
El vicepresidente Alberto Izquierdo, que es además el diputado delegado del Servicio de Vías y Obras, ha agradecido al personal de la Diputación la diligencia para aprobar este decreto, muy importante ha dicho para llevar a cabo la obra pública propia de la institución provincial: “En este momento hay adjudicados 20 millones de euros que las empresas nos estaban diciendo que no podían ejecutar porque perdían dinero”.
Como ejemplo del encarecimiento de materias primas que han llevado a esta situación ha puesto el precio del betún, derivado del petróleo que se utiliza para las obras en carreteras. Y a eso hay que sumar que la normativa actual establece que si las empresas renuncian a los contratos hay obligación de sancionarles: “Si hacemos eso y les prohibíamos contratar con la administración, no habría empresas en Teruel para hacer las obras”. Por todo ello, ha subrayado la utilidad de esta norma para ejecutar las obras adjudicadas, que supondrá un coste añadido para la institución provincial, ha estimado, de entre 2,5 y 3 millones de euros.
