Los bomberos del Parque de Teruel de la Diputación de Teruel (DPT) realizaron durante el año 2021 el 64,13% de sus intervenciones en la capital de la provincia, concretamente 270 de 421.
Según estas cifras, el coste de esos servicios en la capital ascienden a 1.324.525,75 euros, teniendo en cuenta todos los gastos imputables de acuerdo al Decreto 158/2014 del Gobierno de Aragón que regula la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón y que la Ley de Bases de Régimen Local establece que los municipios de más de 20.000 habitantes deben prestar obligatoriamente, por sí o asociados, los servicios de protección civil y de prevención y extinción de incendios.
Se trata de una cantidad que no tiene en cuenta las inversiones realizadas en el servicio a través de distintas líneas de subvenciones desde otras instituciones, sino que solo ha considerado los gastos asumidos con fondos propios de la DPT. Es la conclusión del informe de los costes asociados a la prestación del Servicio de Extinción de Incendios en la ciudad de Teruel que insistentemente había pedido el Ayuntamiento de la capital en los últimos meses para poner en marcha la mesa técnica que se acordó en una reunión celebrada hace ahora dos años, el 3 de marzo de 2021.
El presidente Manuel Rando y el vicepresidente y delegado del servicio Alberto Izquierdo han expresado ante los medios de comunicación su esperanza de que, por fin, este nuevo documento que ha requerido “un exigente trabajo” para los técnicos de la institución provincial, consiga desbloquear una negociación que, a su juicio, “el Ayuntamiento no deja de retrasar”.
Han recordado que este no es el primer informe de gastos que se ha enviado al consistorio turolense, que rechazó el primero señalando “errores” y sugiriendo “correcciones” y volvió a rechazar la segunda versión corregida porque, aseguraban, “no servía” para ser estudiada en una primera sesión de esa Comisión Técnica.
Señalan que si esta Diputación no hubiera tenido voluntad de llegar a un acuerdo, ya habrían acudido a los tribunales, siempre con el objetivo de mejorar las prestaciones del servicio por el bien de la propia ciudad y del resto a los municipios a los que se debe la institución provincial.
