La DPT aprueba una propuesta que pide al Gobierno de España un fondo para las entidades locales

La Diputación de Teruel ha aprobado este lunes en un pleno extraordinario una propuesta presentada por el Partido Popular que insta al Gobierno de España a respetar la autonomía de las entidades locales, y que ha sido enmendada por el PAR para que se cree un fondo incondicionado que tenga en cuenta el coste de la prestación de los servicios en el medio rural. 

​La propuesta ha salido adelante con el apoyo del PP, PAR, Ciudadanos y Ganar y la abstención de los ocho diputados del PSOE. Los socialistas han justificado el sentido de su voto por su malestar ante la propuesta original presentada por el PP y porque finalmente el Ministerio de Hacienda ha anunciado un nuevo decreto que volverá a posibilitar a la Diputación de Teruel el uso del superávit y los remanentes por un valor de 18,5 millones de euros.

​El Partido Popular había solicitado la celebración de este pleno extraordinario para fijar posición, decía la solicitud, sobre el rechazo al Real Decreto-Ley 27/2020 de 4 de agosto, de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente, que finalmente no fue aprobado en el Congreso de los Diputados la pasada semana.

​En el debate plenario, el Partido Popular ha aceptado retirar los puntos 1 y 2 de su propuesta y ha mantenido el 3, que dice “Instar al Gobierno de España a respetar y garantizar la autonomía que la Constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, y que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias”. 

​El Partido Aragonés ha presentado la enmienda con el objetivo de alcanzar el consenso del mayor número de fuerzas políticas y pensando en apoyar especialmente a los pequeños ayuntamientos. Esta ha sido aceptada por los populares de modo que la propuesta final recoge “instar al Gobierno de España a la creación de un fondo incondicionado para las entidades locales que tenga en cuenta no solo el número de habitantes sino también el coste de los servicios en la prestación de estos en el medio rural”.