La Diputación de Teruel, en la sesión plenaria del mes de mayo, ha acordado renovar el convenio de colaboración entre la institución provincial y Caja Rural de Teruel para el apoyo económico a la celebración de ferias agropecuarias, agroalimentarias y medioambientales en la provincia durante este 2023. Este ha sido uno de los puntos que ha recibido el apoyo de los diputados en el último pleno ordinario de la legislatura.
La Diputación de Teruel cuenta con un programa de ayudas a ferias agropecuarias, alimentarias y medioambientales que contempla la concesión de ayudas económicas por importe de entre 1.200 y 12.000 euros a los comités organizadores de las ferias acogidos a dicho programa, para el ejercicio económico de 2023, que cuenta con un presupuesto total de ejecución de 120.000 euros.
Desde el año 2005, Caja Rural y DPT suscriben este acuerdo de colaboración con el objeto de complementar y coordinar la colaboración económica que prestan al desarrollo de estas ferias, en virtud del cuál Caja Rural aporta en cada una de las anualidades hasta el diez por ciento de la partida de 120.000 euros de dicho programa. Así, la entidad financiera aportará para esta anualidad 12.000 euros.
En el pleno también se ha aprobado el protocolo de adhesión al servicio de asistencia técnica y dinamización que presta el servicio propio del Estado Tragsatec para ayudar a gestionar a las administraciones públicas los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
De este modo, la Diputación se beneficiará de la asistencia en la participación, seguimiento y ejecución de los proyectos que se pongan en marcha con estos fondos llegados de Europa. Contempla la asistencia en la utilización del sistema de información integrado; asistencia en el cumplimiento de obligaciones de gestión de estos fondos; soporte a la tramitación de la adhesión de las administraciones públicas al servicio de dinamización; y recopilación y difusión de las buenas prácticas.
Durante el pleno también se ha dado cuenta de distintos informes económicos ordinarios como el informe de morosidad del primer trimestre del 2023, que se sitúa en algo más de 12 días, muy por debajo de los 30 que pone de límite la Ley, o el de seguimiento de la ejecución del Presupuesto General.
Este ha sido el último pleno ordinario de la actual corporación provincial antes de la constitución de la nueva corporación resultante de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Atendiendo a lo estipulado en la LOREG sobre las diputaciones provinciales, entre el 18 y el 23 de junio, las Juntas Electorales de Zona convocan a los concejales de cada partido para que elijan a los diputados que les corresponda, proclaman a los diputados, expiden las credenciales y remiten a la Junta Electoral Provincial y a la Diputación las cerficiaciones de los electos en el partido judicial.
Está previsto que esta corporación celebre un último pleno para aprobar el acta de esta última sesión, en la semana del 20 al 25 de junio.
Entre el 21 y el 26 de junio se realiza la presentación por cada diputado electo de su credencial a la Secretaría de la Diputación y la declaración de intereses e incompatiblidades por cada diputado electo. Y en la semana del 23 al 28 de junio la normativa contempla convocar el pleno de constitución de las diputaciones, siempre que no se produzcan recursos y se cumplan todos los plazos previos.
