Tras la noticia que saltaba en medios de comunicación que la Diputación Provincial de Teruel, se planteaba llevar al Ayuntamiento de Teruel a los tribunales por la negativa del consistorio de asumir sus responsabilidades en materia de bomberos, desde Ganar Teruel – IU «observamos con preocupación como la alcaldesa, tras ser advertida en numerosas ocasiones por nuestra formación ha hecho durante años oídos sordos a las mismas, y va a permitir que el asunto llegue a derivarse a la justicia».
«Desde Ganar Teruel, en diversos años, hemos realizado propuestas en este sentido, unas propuestas que los equipos de gobierno del Partido Popular, han rechazado sistemáticamente. El 11 de Diciembre de 2019, fue la ultima vez que desde esta formación advertimos de dicha situación y presentamos una modificación presupuestaria de 200.000€ para iniciar dicho convenio. En el presente año, se volvió a incidir en la misma materia con una modificación prevista de 300.000€ para poder iniciar dichos trámites y negociaciones», explican.
Desde Ganar Teruel-IU explican que «la Alcaldesa Emma Buj se siga amparando en la Ley del Fuego Aragonesa y en un cuerpo de bomberos autonómico, es una muestra más de la política realizada por este equipo de gobierno, una política basada en la irresponsabilidad y en lanzar balones fuera para que otras administraciones públicas sean las que tomen la decisión final por ella. Esta estrategia política de victimización frente a otras instituciones demuestra una inactividad y falta de acción manifiesta de cara a las responsabilidades adquiridas para con la ciudad de Teruel».
«Si finalmente ha de ser la justicia la que aporte un dictamen final en la resolución del conflicto con los bomberos, será una clara derrota para todas las instituciones implicadas. Por eso, desde Ganar Teruel como ya hemos hecho en repetidas ocasiones, llamamos a la responsabilidad del equipo de gobierno de la ciudad y de sus socios para que tramiten las resoluciones que sean necesarias y comiencen a trabajar y resolver dichos problemas».
«Ampararse en una ley autonómica que aún no esta desarrollada cuando hay una ley superior de competencia nacional que si regula dicha materia y genera unas obligaciones al Ayuntamiento de Teruel, es incumplir una normativa y legalidad vigente a sabiendas de ello. Esto no es por tanto un conflicto político como quiere hacer ver la alcaldesa, es un problema legal que tiene el consistorio al no asumir sus obligaciones», concluyen.
