¿Qué planteamiento tiene el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico respecto al mantenimiento de la central hidroeléctrica de Los Toranes? ¿Qué valoración económica e impacto ambiental supondría la demolición de la presa y la central hidroeléctica? ¿Cómo valoran las afecciones al desarrollo socioeconómico, patrimonial, cultural y medioambiental que supondrá esa decisión? ¿Cómo resarcirá el Gobierno central las afecciones generadas por la posible demolición de la central hidroeléctrica, un edificio de casi 100 años de historia y que forma parte del patrimonio aragonés? ¿Qué soluciones adoptarían para paliar las afecciones en infraestructuras hidraúlicas o la incidencia en prevención y extinción de incendios?
Todas esas cuestiones, planteadas el pasado 28 de octubre por los senadores aragoneses del Partido Popular, siguen todavía sin ser respondidas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a pesar de que el pasado 12 de diciembre concluyó el plazo con el que cuentan para dar contestación a los diferentes interrogantes que formularon, entre otros, los representantes turolenses en la Cámara Alta, Manuel Blasco y Carmen Pobo.
Así lo han denunciado los senadores ‘populares’ y así lo trasladaron este sábado a los vecinos del barrio de Los Giles, en Olba, con los que mantuvieron una reunión para informarles de todas las iniciativas puestas en marcha por el Partido Popular y también del silecio que, hasta la fecha, habían encontrado en el Gobierno central ante las preguntas planteadas. Una cita que, además de con la asistencia de los senadores Blasco y Pobo, contó también con la presencia del máximo responsable de la formación en la provincia, Joaquín Juste, del diputado nacional, Alberto Herrero, y de representantes provinciales, comarcales y locales.
En dicho encuentro, además de exponerles las diferentes iniciativas que ya ha impulsado el Partido Popular de la provincia a nivel nacional, el diputado Herrero anunció que redactará una Proposición no de Ley en el Congreso encaminada a que el Gobierno dé marcha atrás a esta decisión. “Tomaremos todas las medidas que sean necesarias para que no se produzca la demolición”, anunció ante los vecinos.
Por su parte, tal y como ha recalcado Blasco, desde que se tuvo conocimiento de las intenciones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, unido también al sentir de los vecinos, los representantes ‘populares’ han intentado conocer las razones que justifican esta decisión. “Queríamos saber cuáles han sido los razonamientos que explican para el Gobierno central la demolición de la presa y también trasladar a la ministra Teresa Ribera la enorme contestación social que ha producido una medida que no entienden ni los vecinos de Olba, ni la sociedad turolense”, ha indicado.
Para Blasco, “no se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía y a la opinión de los vecinos de Olba”, que han trasladado a los representantes del PP que “las afecciones medioambientales, sociales y económicas que entraña esta decisión son muy perjudiciales para el futuro de una comarca que necesita apoyo, no palos en las ruedas”, ha complementado. “Porque supondría la eliminación de hectáreas de regadío, porque provocaría el aumento del riesgo de incendios en una zona de gran valor natural y paisajístico, por los daños que generaría en el río Mijares, por la pérdida de un elemento patrimonial de gran relevancia y porque los vecinos así lo entienden, el Partido Popular va a seguir impulsando iniciativas que consigan paralizar una decisión que entendemos que no es nada acertada”, ha recaldado el senador turolense.
