Desde el Partido Popular indican que “el macroproyecto eólico publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 8 de agosto, en el que se daban a conocer los detalles para la instalación de hasta 149 aerogeneradores en la Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel y Jiloca, de los cuales 11 se ubicarían en Orihuela del Tremedal, sigue generando controversia en el municipio. Un sentimiento provocado por el oscurantismo del equipo de gobierno del Ayuntamiento y por la falta de información en tiempo y forma”.
Ante ese sentimiento generalizado en la ciudadanía, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Consistorio de Orihuela del Tremedal solicita una consulta popular vinculante para decidir la instalación del macroproyecto eólico en la localidad. Una petición que debería promoverse y organizarse en una sesión plenaria pública, en la que se diluciden las cuestiones a consultar mediante el “consenso” de todas las formaciones políticas y vecinos, ya que los oriolanos “deben ser escuchados”.
Rosa María Sánchez ha dado una especial importancia a que el resultado que arrojara esa votación fuera vinculante. Es decir, que los vecinos“sean los que decidan el futuro del municipio” y no así el alcalde, que “debe primero escucharles y después asumir el resultado que surja de la votación”. Todo ello porque, según la opinión de la representante del PP, “los hechos han demostrado que Rafael Samper quiere que no seamos decisores de nuestro porvenir y que nos comportemos como convidados de piedra, algo a lo que lamentablemente ya estamos acostumbrados”.
A eso, la concejal del PP considera que “nada ayudan” las informaciones que se están trasladando desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal y, muy especialmente, por parte de su alcalde. Asegura la portavoz de los ‘populares’ que los responsables socialistas y aragonesistas están trasladando información “confusa y tardía” con el único objetivo de “reducir las opiniones contrarias a este proyecto al dejar agotar los plazos”.
Especialmente crítica se ha mostrado con la promesa de la promotora al Ayuntamiento de que la electricidad sería gratis para los vecinos en caso de materializarse este proyecto. Supone, tal y como ha asegurado, una “manifiesta ilegalidad” y desde el Partido Popular “esperan impacientes” el informe jurídico que dé luz verde a esta posibilidad de acuerdo a la normativa vigente, sobre el que esperan que “no cueste un duro al Ayuntamiento, sino que lo pague la empresa promotora”.