El grupo del Partido Aragonés en la Diputación de Teruel ha presentado una moción que se debatirá en el próximo pleno de la institución provincial en la que solicitan al Gobierno central aprobar “de manera inmediata” un Real Decreto-Ley que autorice destinar el superávit de las entidades locales para las inversiones financieramente sostenibles, así como flexibilizar la regla de gasto y permitir a las entidades locales decidir sobre los remanentes.
“La provincia de Teruel tiene muchas necesidades, como otras, que podríamos resolver con esos fondos, que son nuestros” ha apuntado el vicepresidente de la Diputación de Teruel y diputado del PAR, Alberto Izquierdo, que ha recordado que esta petición ha sido aprobada en varias ocasiones con el apoyo de todos los grupos: “El mundo local pide que se nos deje gastar lo que es nuestro”.
Y es que, tal y como ha resaltado la portavoz del PAR en la institución provincial, Berta Zapater, ya se han aprobado varias declaraciones institucionales en esta Diputación Provincial relacionadas con la importancia de flexibilizar la regla de gasto y de que exista la posibilidad de gastar parte del superávit y reinvertirlo en la provincia “pero seguimos en la misma situación, y ahora vivimos un momento especialmente complicado por las consecuencias económicas de la pandemia” por lo que “es imprescindible la aprobación inmediata del decreto”.
Esta moción busca recabar de nuevo el apoyo de todos los grupos en esta petición, que la Diputación ha trasladado al Gobierno central también a través de una carta del presidente de la institución, Manuel Rando, a la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero.
La moción reclama flexibilizar la regla de gasto para poder utilizar el superávit para acometer gasto social, así como otros gastos derivados de políticas de empleo.
En el texto se pide también permitir a las entidades locales decidir sobre los remanentes generados por éstas en los últimos años, con el objetivo de gestionar y decidir cómo aplicarlos para luchar contra el coronavirus, reactivar la actividad económica e impulsar el bienestar social.
Zapater ha destacado que si el Gobierno central autorizara a las entidades locales a gastar este dinero, fruto de sus ahorros, dispondrían de unos fondos que se destinan principalmente a mejorar las infraestructuras y servicios a disposición de los ciudadanos. “La mayor parte de estas inversiones se realizan con empresas de la zona, empresas del sector de la construcción, del sector servicios” ha recordado Zapater, y “generan un impacto importante de miles de euros en términos de producción, de renta y de empleo en la provincia, de ahí que no pueda retrasarse más la posibilidad de poner en marcha estas inversiones financieramente sostenibles”.
Recientemente el Estado ha llegado a un acuerdo en la Unión Europea para dotar a España de 140.000 millones del Fondo de recuperación y este a su vez va a dotar de un crédito extraordinario a las Comunidades Autónomas de 16.000 millones para hacer frente a dichos gastos. “No se entendería que el Estado, tras esta dotación económica tan importante, se planteara como se ha llegado a decir, apropiarse del dinero del superávit de las Administraciones Locales” ha subrayado la portavoz del PAR.
Las 8.000 entidades locales que existen en toda España disponen de 27.800 millones en superávit de todas las anualidades. En la provincia de Teruel sólo en el año 2018, ha apuntado la portavoz del PAR, las entidades locales disponían de más de 137 millones para poder contribuir a la recuperación económica de la provincia, “muchos más si hablamos de todas las anualidades”.
