El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, y el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, han renovado el convenio para que el análisis de los niveles de material particulado atmosférico (PM10 y PM 2,5) que registra la Red de Calidad del Aire del Gobierno de Aragón se siga realizando en el Laboratorio de Medio Ambiente de Andorra, dependiente de la institución provincial.
El Gobierno de Aragón dispone de la Red de Calidad del Aire (RCGA) con la finalidad de llevar a cabo la vigilancia de la calidad del aire en el territorio de la Comunidad Autónoma y está compuesta por estaciones fijas, móviles, y dos captadores de partículas. En las estaciones de la red, el material particulado atmosférico se determina por el método de referencia gravimétrico descrito en la legislación vigente.
Este método consiste en el muestreo de aire ambiente durante 24 horas a caudal fijo a través de un filtro donde se retiene el material particulado y será un cabezal de corte el que seleccionará la fracción del material particulado que interese. La concentración final no se obtiene de forma automática, sino en el laboratorio analítico. Esto supone disponer de datos de periodicidad como mínimo diaria.
El Gobierno de Aragón no dispone de las instalaciones adecuadas para el análisis y determinación de la concentración de PM10 y PM2,5 por gravimetría y es el Laboratorio de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Teruel (LABMA) el que cuenta con los medios técnicos necesarios para realizar el análisis y determinación de la concentración de PM10 y PM2,5 por gravimetría, lo que le confiere el carácter de centro de referencia para este tipo de medidas.
Desde el año 2009 existe un convenio entre el Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel para la determinación de los niveles de material particulado atmosférico procedentes de muestras de las estaciones de la red de calidad del aire del Gobierno de Aragón, por el método gravimétrico, en el Laboratorio de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Teruel (LABMA).
Con la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico el Sector Público, se hace necesario la renovación del convenio existente, adaptado a la legislación vigente.
Ambas entidades consideran de gran interés la colaboración entre ellas y se proponen realizar proyectos y actuaciones conjuntas. “La suscripción del convenio mejora la eficiencia de la gestión pública, facilita la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuye a la realización de actividades de utilidad pública y cumple con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”, han coincidido Olona y Rando.
