El Gobierno de Aragón, junto con los ejecutivos de Castilla y León y Castilla-La Mancha, ha presentado alegaciones ante la Comisión Europea de cara a las futuras directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional. Las tres administraciones reclaman bajo criterios objetivos que se vuelvan a fusionar las categorías de ‘zonas poco pobladas’ y de ‘zonas de muy baja densidad de población’, de forma que las provincias de Teruel, Soria y Cuenca tengan acceso a ayudas como la exención de hasta un 20% en los costes laborales.
En su alegación, los tres ejecutivos recuerdan que hasta 2017 había una única categoría, ‘zonas poco pobladas’, para las provincias con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, a partir de ese año se desdobló esta catalogación en dos: comunidades autónomas con menos de 8 hab/km2 -situadas en los países nórdicos- y provincias con menos de 12,5 hab/km2. Esto excluía a las tres provincias españolas de la posibilidad de pedir estas ayudas. Ahora, de cara a las directrices para el periodo 2021-2027 los gobiernos autonómicos reclaman a Bruselas que se integren estas categorías.
Alegan que “los problemas estructurales de despoblación” en las provincias españolas “son sustancialmente los mismos o incluso más graves que los que aquejan” a las zonas nórdicas. A su vez, argumentan que las ayudas con que cuentan en la actualidad Teruel, Cuenca y Soria “no resultan en absoluto eficientes para combatir la despoblación” ya que “favorecen más bien las inversiones intensivas en capital, mientras que esas zonas requieren atraer inversiones intensivas en mano de obra”.
“Son las ayudas al funcionamiento que reduzcan los costes de personal las que serían las más adecuadas para combatir el hándicap de la despoblación extrema que afecta a esas zonas”, añaden. Por ello, y ante el “efecto incentivador” que podrían tener las ayudas a los costes laborales, piden que se vuelvan a fusionar las categorías y que “las posibilidades de otorgar ayudas al funcionamiento se reconozcan a todas las ‘zonas poco pobladas’ comprendidas en dicha categoría única”.
Los gobiernos de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha llevan meses haciendo un frente común con este objetivo. El pasado 3 de julio, en una reunión conjunta, los tres presidentes autonómicos, Javier Lambán, Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García-Page, firmaron un acuerdo en este sentido en la capital soriana. Días después, el 14 de julio, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, junto con el vicepresidente de Castilla-La Mancha y al consejero de Economía de Castilla y León se reunió con el director general adjunto de Ayudas de la Comisión Europea, Carles Esteva, para abordar los cambios en las futuras directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional.
La propuesta fue bien acogida en Bruselas. Hay que recordar que posibilidad de recibir estas ayudas surgió a raíz de un informe no vinculante de febrero del año pasado del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, que determinó que Teruel podía tener derecho a recibir importantes compensaciones por parte de la Unión Europea para contrarrestar la despoblación.
