La elaboración de la futura ley de Dinamización del Medio Rural sigue su proceso y esta semana ha registrado dos hitos claves. El martes la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, y el alto comisionado para la despoblación, Javier Allué, se reunían con representantes de las tres diputaciones provinciales para recibir las aportaciones de estas instituciones. Y un día después se celebró la primera reunión del grupo de trabajo interdepartamental, presidido por la propia consejera de Presidencia.
En la reunión estuvieron presentes, junto a Pérez y Allué, los presidentes de las diputaciones de Huesca y Teruel, Miguel Gracia y Manuel Rando respectivamente, y la vicepresidenta de la de Zaragoza, Teresa Ladrero. Allí se analizaron la estructura y los contenidos del anteproyecto de ley y “se ha acordado que las instituciones provinciales nombrarán a dos personas de perfil político y técnico para incorporarse al grupo de trabajo interinstitucional”, según explicaban.
Asimismo, el miércoles se realizó un encuentro en el que se analizaron las alegaciones realizadas en el proceso de consulta pública y se procedió al inicio de la tramitación del procedimiento legislativo con el objetivo de arrancar con su redacción. Desde el Gobierno de Aragón destacan la importancia de ambas reuniones, ya que marcan “un punto y seguido en un proceso de participación que va a ser muy dinámico” y que va a “involucrar a todos los actores interesados” en la futura normativa.
El grupo de trabajo que se reunió el miércoles por primera vez está compuesto por los departamentos del Gobierno de Aragón concernidos. “Todos tienen que pronunciarse respecto a los contenidos que deben aparecer en la legislación”, explican.
El siguiente paso en el proceso será la redacción de un primer borrador. Posteriormente se elaborará una memoria justificativa y otra económica y se recabará un informe preceptivo de la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. También será necesario que informen sobre la normativa la Consejería de Hacienda y la Dirección General de Servicios Jurídicos. A continuación, se enviará el texto a todos los Departamentos y se aprobará el anteproyecto, que se enviará a las Cortes para su tramitación.
El proyecto recibió en verano un gran respaldo de la sociedad civil en forma de aportaciones por escrito en la fase de consulta pública previa, un proceso en el que se involucraron tanto entidades como ciudadanos particulares. Fueron un total de 30 las aportaciones recibidas y de 20 los informes remitidos, propuestas accesibles al público en el portal Aragón Gobierno Abierto, del Ejecutivo autonómico.
Entre las entidades que aportaron ideas está la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Southern Sparsely Populated Areas – SSPA), la patronal, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), diversos organismos del Gobierno de Aragón, Cuarto Espacio (dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza), la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA), Apadrinaunolivo.org o la Asociación Socio Cultural Alto Jalón, a los que se sumaron numerosos ciudadanos particulares.
El plan normativo vio la luz el pasado mes de febrero, cuando la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, firmó la orden de inicio del proyecto de ley. Va a ser este Departamento el que lidere la iniciativa dado que su alcance afectará en mayor o menor medida a casi todas las consejerías la Administración Autonómica, que participarán de forma activa en la formulación de propuestas. Entre los objetivos de la norma está propiciar un nivel de vida digno a la población rural en términos de renta, calidad, y bienestar, combatir la exclusión social derivada de la menor disponibilidad de servicios, incentivar la utilización del patrimonio cultural, etnológico e histórico propio o implantar un procedimiento de simplificación administrativa y burocrática.
Tras la labor del grupo de trabajo y la redacción de un primer borrador del texto, se elaborarán una memoria justificativa y otra económica y se recabará un informe preceptivo de la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. También será necesario que informen sobre la normativa la Consejería de Hacienda y la Dirección General de Servicios Jurídicos. A continuación, se enviará el texto a todos los Departamentos y se aprobará el anteproyecto, que se enviará a las Cortes para su tramitación.
