El Gobierno de Aragón ha anunciado que va a ampliar al conjunto del territorio varias medidas de restricción que ahora solo están vigentes en algunas zonas de la Comunidad autónoma, como prohibir el botellón, limitar el ocio nocturno y los horarios de la hostelería, así como las reuniones a un máximo de diez personas para evitar la propagación del coronavirus.
Así lo ha indicado en rueda de prensa la consejera de Sanidad, Sira Repollés, que ha añadido que tampoco se va a permitir la apertura de las peñas. Ha descartado aplicar un confinamiento.
Aragón ha registrado 596 nuevos contagios este domingo y todavía no se ha llegado al «pico» de la curva epidemiológica, aunque la velocidad de ascenso se ha ralentizado, ha contado Repollés.
Ha añadido que hay «puntos calientes» donde todavía se produce una transmisión comunitaria «importante», como en ciudad de Zaragoza y alguna comarca, si bien en el resto la tendencia es «más estable» y su situación se puede equiparar a las zonas en nueva normalidad.
El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha precisado que el objetivo es «controlar la transmisión comunitaria, sobre todo en espacios de ocio». Ha añadido que otras Comunidades autónomas con menos casos han aplicado medidas similares, ha precisado que durará el tiempo necesario y se publicará a través de una orden, «probablemente mañana».
La consejera ha remarcado la necesidad de extremar las medidas de prevención frente a la COVID-19, como mantener la distancia social, limitar eventos sociales y el uso obligatorio de la mascarilla. Ha querido subrayar que cuando a una persona se le comunica que ha sido un contacto estrecho con alguien que ha dado positivo, debe confirnarse durante 10 días, si no tiene síntomas, o 15 si los tiene, aunque no le hayan hecho la prueba PCR o incluso ésta haya sido negativa.
Repollés ha enfatizado que los rastreadores están realizando esta recomendación y se ha contratado a mediadores interculturales para explicarlo a quienes tienen dificultades de comprensión, que están en relación con los trabajadores sociales y centros de salud.
El seguimiento del confinamiento se realiza de forma telefónica desde los centros de salud y si se sospecha que no se está cumplimiento, se pide a la policía o la Guardia Civil que acudan al domicilio, pudiendo «hacer una orden de detención para que se cumpla» y establecer una sanción como delito contra la salud pública, ha detallado Repollés.
La consejera ha manifestado que los servicios jurídicos siguen trabajando en la denuncia contra la residencia de Burbáguena, que todavía no se ha presentado, y que seguirá «el curso normal con las particularidades del mes de agosto».
Según ha dicho, «cuando observamos indicio de delito o de grave infracción de la norma nuestra obligación es abrir expediente sancionador».
Por su parte, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha aclarado que la aparición de casos en las residencias de mayores ha tenido lugar «en las dos últimas semanas». Ha pedido ser «cautos» y centrarse en «restablecer todos los mecanismos preventivos» y «recuperar el pulso de los diques de contención en las residencias».
