El proyecto de ley de Dinamización del Medio Rural ha recibido un gran respaldo de la sociedad civil en forma de contribuciones por escrito en la fase de consulta pública previa. Este periodo, que finalizó el lunes, ha servido para que tanto entidades como ciudadanos particulares enviaran sus aportaciones, que servirá para dar forma al próximo documento.
Han sido un total de 30 las aportaciones recibidas y de 20 los informes remitidos, propuestas que están accesibles al público en el portal Aragón Gobierno Abierto, del Ejecutivo autonómico. Se pueden dividir en tres grandes bloques: instituciones, asociaciones y ciudadanos particulares.
Una de las contribuciones proviene de una entidad especialmente vinculada a la revitalización de las zonas rurales, la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Southern Sparsely Populated Areas – SSPA). Tras felicitar al Ejecutivo regional por impulsar esta ley, pone el foco en la necesidad de concretar cuáles se debe considerar como áreas rurales y aconseja que se clasifiquen a partir de “parámetros combinados” como la densidad de población o el grado de diversificación de su economía.
La red SSPA cree que se deben asegurar una lista de “condiciones indispensables”, con cuestiones como una oferta de vivienda asequible, conectividad o trabajadores cualificados, e insta a cambiar el criterio por el que se enfoca solo al sector primario para centrar en el secundario y el terciario. Insiste a su vez en “la necesidad de que la nueva norma legislativa incida en la diversificación económica y la dinamización social de las áreas rurales”.
CEOE Aragón incluye un pormenorizado análisis sobre la situación que viven las zonas rurales en la comunidad autónoma e insta a tomar “medidas concretas y planificadas” ahí como “clave para generar riqueza y empleo y poder retener y atraer población”. De hecho, reclama un Pacto de Estado que vincule a todas las partes.
