La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, ha participado esta tarde en una conferencia clave para las bonificaciones en los costes laborales que puede recibir la provincia de Teruel con el director general adjunto de Ayudas de la Comisión Europea, Carles Esteva.
En la cita también han estado presentes José Luis Martinez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha; Carlos Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León; Carlos Gómez Ascaso, director de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas, y Jose Luis Buendía, miembro del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA).
La reunión ha servido para involucrar a la Comisión Europea en el proyecto de las tres comunidades autónomas para que el Gobierno central solicite que Teruel, Soria y Cuenca sean catalogadas como zonas muy poco pobladas en los próximos mapas de ayudas. También se ha pedido asesoramiento y orientación a la institución comunitaria.
Hay que recordar que las tres comunidades autónomas han solicitado ya formalmente al Ejecutivo de Pedro Sánchez que traslade esta petición a Bruselas.
La consejera de Presidencia ha agradecido a Esteva su “disposición” en la reunión y ha puesto de manifiesto el problema demográfico que afrontan territorios como Teruel. Aunque en los últimos años se ha logrado “frenar la tendencia”, sigue habiendo “problemas estructurales” que exigen la puesta en marcha de medidas de calado.
Uno de los mecanismos que ha demostrado tener más efectividad en otras zonas ha sido precisamente las exenciones en los costes laborales, por lo que cree que sería “de justicia” que se apliquen a una provincia como la de Teruel.
En primer lugar, se ha expuesto el problema que afrontan estas tres provincias a cuenta de la despoblación, un proceso que ha supuesto una gran pérdida poblacional en las últimas décadas, aunque en el caso turolense la actual tendencia es positiva. Para explicar este fenómeno hay que acudir a problemas estructurales que la pandemia del coronavirus solo ha agravado.
Al mismo tiempo, se ha puesto en contexto cómo la reforma del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC) de la Comisión Europea perjudicó a unos territorios en beneficio de otros. Así, si hasta 2017 había una única categoría de ‘zonas poco pobladas’, que incluía a todas las zonas con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, a partir de la mencionada modificación se dividió este grupo y se creó uno nuevo (NUTS 2), denominado ‘zonas muy poco pobladas’ y en el que se encuadraban los territorios con menos de 8 hab/m2; principalmente, en países nórdicos. A resultas de esto, las áreas entre 8 y 12,5 km/m2 (NUTS 3, y que afecta a puntos de España, Grecia y Escocia) se quedaron sin ayudas.
Como se ha mencionado en la reunión de hoy, la Comisión ya reconoció en el pasado que las zonas NUTS 3 sufrían de un problema de similar gravedad al de las NUTS 2, lo cual debería abrir la puerta para que, si el Estado miembro lo solicita, el Ejecutivo comunitario autorice las ayudas también en las tres provincias españolas. Además, no se descarta la posibilidad de solicitar que, de acuerdo a las peculiares características del territorio español, la unidad de referencia para las ayudas no sea provincial, sino que alcance a áreas de extensión inferior (como comarcas y municipios) que, contiguos a las provincias de NUTS3, tengan un grado comparable de despoblación.
El responsable comunitario Carles Esteva ha reconocido en la reunión que es “el momento oportuno” para plantear esta reivindicación, ya que en este momento se va a iniciar la negociación de las nuevas directrices europeas en materia de política regional.
