Beatriz Martín, senadora de Teruel Existe, en su intervención el pasado jueves en la Comisión de Igualdad del Senado trasladó las demandas y reflexiones de mujeres rurales que han participado en el Pacto por la Reconstrucción Económica y Social de la Provincia de Teruel, y que desean que se conozca su situación de doble discriminación, primero por ser mujer y, además, por ser rural. La ministra de Igualdad, Irene Montero atendió las propuestas que hizo Martín encaminadas a la conciliación familiar y laboral y a la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural, y se comprometió a trabajar de la mano con las entidades cercanas al territorio y los ayuntamientos para atender mejor las realidades del medio rural.
La senadora turolense quiso dejar claro desde el inicio que sus palabras eran también las de muchas mujeres del ámbito rural, que agrupadas en plataformas feministas como la de Teruel o el Jiloca, asociaciones como Enredadas, o desde la propia sociedad civil luchan cada día por la igualdad.
Primeramente, quiso trasladar las dificultades que las mujeres rurales han vivido a la hora de abordar la conciliación familiar durante el estado de alarma. Martín expuso que el cierre de centros escolares durante casi seis meses tiene consecuencias para ellas más que para los hombres, pues han sido muchas las han tenido que reducir su jornada de trabajo, pedir excedencias y en los peores casos, dejar el trabajo. A pesar de la flexibilización de horarios que han llevado a cabo algunas empresas y del teletrabajo, la sobrecarga en el hogar ha aumentado “sobre todo para el sector femenino”, apuntó y subrayó que, según estadísticas, el porcentaje de teletrabajo también es superior en mujeres que en hombres.
“Conciliación no es que tengamos que buscarnos la vida para poder trabajar y que nuestros hijos, hijas o familiares que necesitan cuidados estén atendidos, conciliación es que tanto administraciones como empresas regulen las medidas necesarias para compatibilizar vida personal y laboral”, añadió la senadora turolense.
En este sentido solicitó un esfuerzo mayor a la hora de crear planes de conciliación y ayudas a las familias para financiar refuerzos educativos, cuidadores y cuidadoras particulares, alternativas escolares y además regularizar el teletrabajo para proteger a quienes lo ejerzan sin que ello suponga un conflicto laboral.
Por otra parte, la senadora abordó la igualdad en el territorio, donde se enmarca la situación de la mujer rural y su doble discriminación. Destacó que la realidad de estas mujeres es que deben desenvolverse en entornos muy masculinizados, en actividades económicas sometidas a incertidumbres y cuentan además con poco apoyo social, sociosanitario y económico en las tareas familiares, entre ellas cuidar de la casa y a las personas dependientes.
Remarcó también que son precisamente las mujeres quienes hacen una importante labor como custodias del territorio y quienes luchan para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales a través de asociaciones culturales, corporaciones municipales, etc. “Somos las primeras en recuperar y mantener las tradiciones de los pueblos, acoger con empatía a los nuevos pobladores y programar todo tipo de actividades para los hijos e hijas en edad escolar, corrigiendo la brecha con la oferta de ocio de las ciudades”, apuntó Martín.
La senadora utilizó las palabras de José Juan Fernández, alcalde de la localidad de Pedro Muñoz, en Ciudad Real quien afirmó que “no se puede afrontar el desarrollo rural y el problema de la despoblación sin una perspectiva feminista”.
Además, señaló que esta situación de confinamiento ha resaltado la importancia de atender aspectos como el valor de los cuidados, el impacto sobre el empleo, la brecha digital, la conciliación y la violencia de género, y no solo eso, sino que ha hecho más profunda la diferencia entre el ámbito rural y el urbano.
Por último, Martín quiso enumerar una serie de medidas que a su juicio deberían estudiarse en esta Comisión de Igualdad y llevarse a cabo cuanto antes, como puede ser desarrollar instrumentos legislativos para propugnar un modelo de desarrollo sostenible de economía social que cuente con medidas de discriminación positiva para la mujer y el medio rural, tomando como ejemplo el estatuto de mujeres agricultoras en Euskadi o el estatuto de la mujer en Castilla La Mancha; también otorgar valor al empleo que tiene relación con los cuidados y establecer un salario laboral retributivo digno; negociación de aplazamiento de pagos de impuestos, así como exención de cuotas de seguridad social y tasas municipales, además de ayudas para recuperar actividad; o dotar de recursos suficientes a cada ayuntamiento para elaborar un programa de conciliación en base a las necesidades de cada localidad.
“En definitiva, es necesario un enraizamiento de la población en el mundo rural, principalmente el de la figura de la mujer, para alcanzar modelos sociales sostenibles y asentar población con buena calidad de vida. Que las que queremos quedarnos en nuestros pueblos podamos hacerlo”, ha zanjado la senadora.
Montero propone una cogobernanza entre Gobierno central y Ayuntamientos para ajustar las medidas a la realidad del territorio.
En el turno de réplica, la ministra Irene Montero señaló en referencia a las palabras de la senadora turolense que cree “muy pertinente” que en la Cámara Alta se traten estos temas y en concreto sobre cómo la legislación y el modelo de desarrollo actual afecta a las mujeres del mundo rural de forma diferente y no precisamente para mejor, no solo cuando se da una situación como la provocada por el Covid-19, sino habitualmente.
En este sentido destacó la importancia de trabajar codo con codo con los ayuntamientos para diseñar programas de conciliación adaptados a la realidad y especificidades de cada territorio. Montero señaló que una de las propuestas que se ha presentado al Pacto por la Reconstrucción Económica y Social del país es, precisamente, crear un robusto sistema estatal de cuidados, para evitar que, sin este sostén público, las tareas de este tipo acaben recayendo en las mujeres o en abuelos y abuelas, que en el caso del Covid-19 no han podido hacerse cargo de los familiares más jóvenes.
La ministra añadió que se ponían a disposición de la senadora y de las propuestas que trasladó, asegurando que, precisamente, se trata de “estudiar y detectar bien los problemas y qué mejor que las aportaciones de organizaciones y mujeres que viven en esos contextos para ver cuáles son las formas de hacer políticas públicas que reduzcan esas desigualdades”.
Ante estas palabras, Martín agradeció la voluntad de la ministra, pero recordó que es el momento de pasar de las palabras a los hechos y para ello, dijo, es necesaria una dotación económica. “Los compromisos se ven en los presupuestos, y nos gustaría que hubiese partidas específicas para el apoyo a la mujer rural. Las mujeres en las zonas despobladas pueden dinamizar sus sociedades en muchos ámbitos, pero para ello necesitan recursos económicos y apoyos”, señaló la senadora.
Por último, y haciendo alusión al compromiso demostrado recientemente por todas las fuerzas políticas para llevar adelante un Pacto de Estado para la España Vaciada, la senadora señaló que existen en él dos medidas fundamentales en las que debe implicarse el Ministerio de Igualdad. Por un lado, desarrollar políticas específicas de igualdad en las zonas rurales y por otro, apoyar el emprendimiento de la mujer rural y mejorar sus condiciones de empleo.
