El senador del Partido Aragonés, Clemente Sánchez-Garnica, ha recordado que la formación presentó el pasado mes de febrero en el Senado una moción y una pregunta escrita con las que la formación aragonesista insta al Gobierno de España a que modifique la normativa para liberar 137 millones de las entidades locales de la provincia de Teruel que están actualmente en los bancos y la legislación actual no permite dedicarlas a dotar de servicios a los municipios.
La situación derivada de la crisis sanitaria por el coronavirus ha provocado que no se haya podido debatir este asunto en la Cámara Alta, tal y como estaba previsto, pero desde la formación reiteran que ahora más que nunca es necesario acelerar esta medida para que los ayuntamientos tengan fondos.
El Partido Aragonés presentó en el Senado esta reclamación que ya se ha aprobó en ayuntamientos, comarcas y la Diputación de Teruel, a iniciativa del PAR, en los últimos meses, donde tuvo el apoyo de todos los grupos políticos.
En concreto, el Partido Aragonés reclama “medidas concretas y fáciles de llevar a cabo, solo es cuestión de la voluntad política del Gobierno central de apoyar de verdad a las zonas despobladas” ha dicho Sánchez-Garnica. Así, la petición del PAR al Gobierno central es aprobar un decreto ley que permita destinar inmediatamente el superávit presupuestario obtenido en el año 2018 a inversiones financierament sostenibles.
“Esta medida es inmediata y permitiría que llegara a la provincia de Teruel una lluvia de millones sin tener que desembolsar ni un euro, simplemente permitiendo gastar de manera excepcional y para territorios concretos desfavorecidos” según ha añadido el vicepresidente de la Diputación de Teruel y secretario ejecutivo de Acción Territorial del PAR.
Además, en el momento en el que existan unos presupuestos aprobados del Estado, el PAR reclama incluir una modificación en la ley orgánica 2/2012 para habilitar el destino del superávit de las corporaciones locales de la denominada “España vaciada” a cualquiera de sus competencias permitidas, incluyendo especialmente todo lo relacionado con el fomento del empleo, inversión en el medio rural y cuantas medidas contribuyan de manera directa o indirecta contra la despoblación.
La moción recoge también la petición de que se apruebe de manera inmediata un real decreto ley, específico para zonas despobladas que permita excepcionalmente flexibilizar la regla de techo de gasto en las entidades locales que hayan cumplido la normativa.
“Sería una manera de mostrar con hechos de verdad el compromiso con la España rural, la España de interior, la más desfavorecida, y premiar a aquellas entidades locales que de verdad han cumplido y han sido eficaces en la gestión” ha resaltado la portavoz del PAR en la Diputación de Teruel, Berta Zapater, institución en la que se presentó esta moción en la sesión plenaria del mes de enero.
Según los datos recopilados por la diputada de la formación, solo en la provincia de Teruel y con datos de 2018, 137.400.732,1 millones de euros de todos los ayuntamientos, comarcas y de la Diputación de Teruel están en las entidades bancarias. Se trata de 1.026,57 euros por habitante de la provincia de Teruel que “podrían reinvertirse sin pedir a ningún sitio. No se trata de que se destine más dinero a ayuntamientos, comarcas y Diputación de Teruel sino de poder gastar el que tienen” ha subrayado Zapater.
Y a esto se suma que a partir de 2020 las entidades bancarias ya han avisado que comenzarán a cobrar un 0.4% del total de los depósitos que tienen las administraciones públicas, que en la provincia de Teruel supondrá algo más de 693.602 euros que no se podrán invertir.
