Estamos inmerso en una época de cambios, España ha apostado por una descarbonización masiva que ha conducido en los últimos 20 años, al cierre de todas las explotaciones mineras y de la mayor parte de las centrales térmicas, el 20% de la electricidad producida por nuestro país es por energías renovables y para el año 2030 será el 42% según objetivos del Gobierno de España.
El cambio climático sería un buen argumento para dejar de consumir carbón, si todos los países protegiéramos el planeta, pero esa no es la realidad, Marruecos acaba de inaugurar una macro central térmica que produce electricidad que España compra, Alemania, Polonia y Rumanía siguen explotando parte de sus minas de carbón, alimentando sus centrales térmicas y generando emisiones de gases al medio ambiente.
Un país como España que lleva más de 20 años destruyendo puestos de trabajo dedicados al carbón, necesitaba desde hace ese mismo tiempo, un convenio de Transición Justa para reconvertir sus cuencas mineras, puede que hayamos sido “quijotes” siendo los primeros en cerrar y casi los últimos en buscar soluciones para nuestros territorios, pero ya todo está hecho y ejecutado con precisión suiza, ahora llegan los informes desde la CEE, las negociaciones, los convenios de Transición Justa sin presupuestos y las promesas de reindustrialización, como llegaron hace unos años en mi comarca Cuencas Mineras, cuando se cerraron las minas en Utrillas y la central térmica de Escucha.
No hay día que cualquier vecino no nombre a la gran empresa que fue M.F.U (Minas y Ferrocarriles de Utrillas), una gran empresa de 1500 trabajadores que trajo riqueza y prosperidad a toda la provincia de Teruel, durante todo el siglo XX.
Para reactivar nuestras comarcas mineras duramente castigadas por esos cierres, el Gobierno de España aprobó una serie de ayudas denominadas Planes Miner. Precisamente, esta semana acaba de hacerse público el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras desde los años 2006 a 2017.
Ayuntamientos, Gobierno de Aragón, Ministerio de Industria, asociaciones empresariales y sindicatos deberíamos reflexionar y analizar las conclusiones de dicho informe, pues todos somos responsables en diferente medida, de los resultados obtenidos en nuestro territorio.
En dicho informe se cuestiona la gestión de las ayudas, concedidas de forma discrecional y se han detectado graves “deficiencias e irregularidades”, al justificar los más de 1.100 millones de euros que se gastaron en infraestructuras públicas, sin ningún examen de viabilidad de las actuaciones a financiar, ni criterios de priorización en infraestructuras, algunas de ellas sin ponerse en funcionamiento.
Como vecino de Utrillas, leo dicho informe con decepción y preocupación por pertenecer a una de las comarcas mineras, en donde más puestos de trabajo se han destruido, sin ninguna transición.
Todos estos cierres solo tuvieron una compensación económica en forma de las ayudas a la reactivación, ayudas distribuidas de forma solidaria entre municipios afectados directamente por el cierre de la minería y municipios limítrofes a zonas mineras.
Los planes Miner han incluido 58 municipios susceptibles de recibir ayudas, pertenecientes a las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Mequinenza , Bajo Aragón, cuenca minera central, con estos fondos se han ejecutado polígonos industriales unos viables otros no, Utrillas tiene una ocupación del 77% de sus polígonos, se han costeado carreteras necesarias, el Plan Miner ha financiado el 10% de la inversión total de carreteras de la Comunidad Autónoma entre 1999 y 2010, una inversión de 57 millones en infraestructuras hidráulicas como depuradoras, embalses o la elevación de Aguas de Andorra con una inversión de 27 millones pero sin terminar, gaseoductos primordiales para la instalación de industria y muchas otras obras municipales básicas pero no imprescindibles en muchos casos.
Es innegable que todas las ayudas han sido escasas para reindustrializar nuestras comarcas, que ha faltado coordinación entre administraciones, pero la utilización de estos fondos Miner para dotar de infraestructuras municipales básicas, ha sido la clave para no fijar industria, pues estamos sustituyendo los presupuestos del Gobierno de Aragón por un fondo concebido para otro fin, el de buscar alternativas a los puestos de trabajo provenientes del carbón, este era el objetivo y claramente a ojos del Tribunal de Cuentas no se ha cumplido.