El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Real Decreto que establece las normas reguladoras para la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de inversiones que continúen favoreciendo la generación de actividad económica en la provincia de Teruel.
Para ello, el Real Decreto prevé una subvención en favor de Aragón por un importe de 30 millones de euros, que tiene carácter singular por las significativas desigualdades territoriales internas que concurren en la Comunidad Autónoma, y en concreto en la provincia de Teruel, donde el desarrollo económico está fuertemente condicionado por sus limitaciones demográficas, condiciones estructurales y dificultades de conectividad con los grandes ejes de comunicación del país. Concretamente, Teruel tiene una densidad de apenas 9,09 hab / km2, la segunda más baja de España y el 24% de sus habitantes tiene más de 65 años de edad, aunque las proyecciones del INE indican que en 2033 ascenderá hasta el 30% del total.
Reconocidas estas especiales condiciones, la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón vienen colaborando desde el año 1992, a través de la suscripción de diferentes convenios, para articular la financiación de inversiones que favorezcan el desarrollo económico de la provincia de Teruel y siempre teniendo en cuenta que esta provincia no puede acceder a los beneficios del Fondo de Compensación Interterritorial en las mismas condiciones que otras provincias debido a la renta media de Aragón.
En la práctica, la línea de cooperación impulsada por el Estado mediante este Real Decreto se complementa mediante la firma a continuación de un convenio con Aragón, que también ha autorizado el Consejo de Ministros, que incluirá una aportación propia de la Comunidad de otros 30 millones de euros, de modo que las aportaciones acumuladas de ambas partes constituyen el denominado Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).
Además, en este convenio correspondiente a 2019 se prevé una aportación adicional de la Comunidad para regularizar situaciones derivadas de años anteriores para dar cobertura a proyectos aún pendientes de ejecutar en su totalidad.
El nuevo convenio presenta importantes novedades respecto a los formalizados en años anteriores, como, por ejemplo, su vigencia plurianual, con el fin de garantizar la continuidad de los proyectos cuya eficacia requiere de un periodo de varios años. Por otro lado, en el convenio se identifican un total de ocho líneas de actuación o tipos de proyectos que tienen una triple finalidad: mejorar la movilidad y conectividad interna en la provincia, incentivar la actividad económica y mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes de la provincia. Y como tercera novedad, ambas partes se comprometen en el convenio a aprobar los diferentes proyectos de forma conjunta, en la correspondiente Comisión de Seguimiento.
