Últimamente, y de mano de los primeras espadas populares, como la señora Ayuso o el señor Moreno, se ha puesto encima de la mesa un mantra que cada vez que se acerca un periodo electoral o algún problema que afrontar sacan a relucir: la manida rebaja fiscal. Una “rebaja” fiscal que ha tenido su última expresión en la eliminación del impuesto del patrimonio que se ha anunciado en Andalucía o la deflactación del IRPF por la que apuesta Madrid. Pero, al margen de los grandes titulares, no es oro todo lo que reluce, algo que es fácilmente demostrable aproximándonos a los datos reales.
Pese a que los datos aburren desde primero de primaria, a mí, a usted y a casi cualquier lector, son lo único que al final expone, negro sobre blanco, la realidad. Y la realidad, siendo claros, es que estas medidas simplemente benefician a una minoría y, a largo plazo, sobre quien acaba repercutiendo es sobre esa mayoría social que, por un lado depende de servicios públicos como la sanidad, la educación, y por otro, se ve afectada por el día a día de nuestros municipios en asuntos como mantenimiento, el servicio de deportes, salarios de los y las trabajadoras municipales o de otras instituciones.
Pero poniendo algún pequeño dato sobre el texto que nos ayude a aclarar esto, podemos observar como el impuesto sobre el patrimonio que ha eliminado el señor Moreno, solo va a beneficiar al 0.2% de los andaluces. Es decir, en total más de 8 millones de personas, no van a obtener ningún beneficio fiscal de ningún tipo, sino que van a ver como las arcas autonómicas dejan de ingresar 110 millones de euros, que al final repercutirán en servicios a toda la ciudadanía. Unos 110 millones que dejarán de invertirse en otros servicios. Este impuesto como se ve, solo beneficia a una clase social, sin embargo, el juego también se da en aquellas rebajas que son para “todo el mundo”. En definitiva el 99,8% de los andaluces va a pagar el beneficio de una minúscula élite económica.
Este caso “generalizado” es el de Madrid con la señora Diaz Ayuso a los mandos. La deflactación de los tramos de IRPF generalizados que ha planteado, acaba beneficiando en especial a quienes mayor salario tienen. Entramos en la típica estrategia del Partido Popular en materia fiscal; un enmascarado “café para todos”, que acaba beneficiando especialmente a quienes más tienen, ya que no centran estas medidas en simplemente deflactar los tramos inferiores del IRPF, puesto que son estas las familias que más sufren las consecuencias de la inflación desatada que sufrimos actualmente.
Sin embargo, tras la pandemia, lo que se ha puesto de evidencia es que, para afrontar momentos extraordinarios necesitamos un sector público fuerte y con recursos para destinar de manera urgente a paliar las urgencias que la población a nivel general va a tener. Mantener el nivel de ingresos para reforzar el Estado del Bienestar, ha de ir, indiscutiblemente, ligado a una racionalización de los servicios públicos, reforzando realmente aquello que es fundamental para garantizar el desarrollo y cobertura diaria de la población.
Reforzar la sanidad, la educación, las pensiones, las infraestructuras, los planes de empleo, medidas como los ERTEs, la transición a un país más sostenible y, en general, todo aquello que garantiza una cobertura fundamental. Pero no solo esto, sino potenciar los sectores que, a su vez, dinamicen los sectores económicos del Estado, reforzando aquellos que están demostrándose fallidos. Unos fallos que demuestran necesarios elementos como una empresa energética pública, la eficiencia de la administración o seguir la senda de ampliar el dinero que se destina a la investigación y el desarrollo.
Pero por desgracia, esta política del Partido Popular, se despliega a todos los niveles en los que gobiernan. Sin ir más lejos es el mismo mantra que a otro nivel han desplegado junto a Ciudadanos a nivel municipal en la ciudad de Teruel con las rebajas de tasas. Una rebaja de tasas que se aplica sin ningún tipo de progresividad fiscal, ya que el debate no es cuantos impuestos se pagan, sino quién y cómo. Esto ha supuesto que el Ayuntamiento deje de ingresar en los últimos años casi 800.000 Euros a las arcas municipales. Y las consecuencias, al final están saltando a la vista de todos y todas.
Unas consecuencias reflejadas en la falta de mantenimiento de la ciudad, una falta de mantenimiento continuada y no simplemente con soluciones de fin electoralistas el último año de legislatura. Para el mantenimiento, arbolado, eficiencia en la administración, avanzar hacia una ciudad más sostenible, implantar proyectos como la Smart City etc; lo que son necesarios, al fin y al cabo, son recursos públicos propios del Ayuntamiento.
Unos recursos que también serán necesarios para afrontar retos futuros en nuestra ciudad como la atención a la salud mental, el aumento de los presupuestos para las ayudas sociales y de urgencia que con la crisis que se avecina, volverán a ser fundamentales y a las medidas que serán necesarias de cara a los próximos años donde el reto climático nos obligará a adaptar nuestros espacios urbanos.
Pero mientras tanto, podemos disfrutar del café para todos hasta que nos demos cuenta que la jarra se acabó para nosotros y solo podrá disfrutar ese café quien pueda pagarlo.
