La Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) publicó en su informe de precios un estudio del incremento en el coste de la cesta de la compra que experimenta una familia en la que uno de sus miembros es celíaco o intolerante al gluten. Según sus conclusiones, esto supone un alza de 78 euros mensuales y en más de 920 euros anuales, en comparación con aquellos hogares en los que no hay ninguna persona que deba seguir la dieta específica para sobrellevar esa situación.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Andorra, sabedor de la existencia de personas en esas circunstancias, presentó una propuesta para su debate en el pleno de este miércoles en la que solicitaban la creación de una partida de 10.000 euros en el presupuesto municipal para la puesta en marcha de esta línea de ayudas. Unas subvenciones que, añaden a su vez, deberán resolverse en el presente año 2022 y tener su continuidad en las anualidades posteriores.
Este texto, abordado y debatido en el pleno del Consistorio, fue aprobado por la unanimidad de los grupos políticos con representación en Andorra. Una buena noticia porque supone el primer paso para la puesta en marcha de esta línea de ayudas para unas familias que afrontan continuamente estos sobrecostes, ahora más cuantiosos.
Esta iniciativa surge a imagen y semejanza de la puesta en marcha por el Ayuntamiento de Teruel y que ha logrado un amplio respaldo entre las familias que deben seguir una alimentación libre de gluten.
Para la portavoz del Partido Popular en el Consistorio, Silvia Quílez, esa cuantía es “muy asumible” por parte del Ayuntamiento y “da oxígeno a las familias que tienen que afrontar unos sobrecostes cada vez más elevados”. Una situación que, en el contexto inflacionista en el que nos encontramos, “se antoja más importante si cabe porque a los gastos ocasionados por una alimentación libre de gluten hay que sumar los derivados por el alza de la electricidad, los carburantes o productos de primera necesidad”.
Tal y como ha complementado la representante de los ‘populares’ andorranos, el Ayuntamiento tiene la “obligación moral y ética” de resolver y ayudar a solventar los problemas de la ciudadanía. “Puede hacer mucho y lo que reclamamos con esta iniciativa es que preste atención a un colectivo que está falto de ayudas por parte de las administraciones”, ha complementado.
