En estos primeros días del año estamos asistiendo a un fenómeno que ha evolucionado desde un bulo contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, (bulo iniciado por lobbies y adversarios políticos) hacia un debate público sobre la producción cárnica en España. Un tema importantísimo. Hace años que es conocido el problema medioambiental que supone un modelo ganadero que hacina animales y los engorda con rapidez.
Aunque está claro que la agenda mediática no suele poner ese problema en el debate público. Quienes deciden de qué se habla, cuáles son las noticias, suelen arrinconar ese tema incómodo para tantas marcas que obtienen enormes beneficios de la gran producción cárnica sin internalizar los problemas ambientales y de salud que generan. Pero ahora, en una combinación de la codicia de los grandes productores (que viven lejos del mundo rural donde se ubican las macrogranjas) y de intereses partidistas irresponsables, asistimos a un giro extra. Un giro que ha llevado a poner encima de la mesa un tema fundamental de medioambiente, salud, producción y consumo.
No es la primera vez que la derecha, la ultraderecha y la otra derecha, así como los lobbies cárnicos se tiran al cuello del ministro de Consumo por decir cosas de sentido común. El pasado verano lo hicieron por decir que comer menos carne es mejor para la salud y para el medio ambiente. Esta vez porque en un diario británico ha expresado la comparación entre ganadería extensiva (que asienta población, suele ser una explotación familiar, genera carne de gran calidad y es respetuosa con el medio ambiente) y la ganadería intensiva en las macrogranjas (que se ubican en lugares poco poblados, generan fuertes impactos ambientales y aún vacían más el territorio).
Parece bastante normal que el ministro de Consumo se preocupe por todos estos temas, muy especialmente por la calidad de lo que consumimos. En fin, creo que esto está fuera de toda duda. Tanto, que hace tiempo que en el mundo rural sus habitantes se movilizan porque son quienes sufren la contaminación de suelos y agua. No solo eso, varios gobiernos autonómicos, ya han legislado o están legislando para que se frene la implantación de macrogranjas. También creo que, a pesar de que es un tema que con dificultad aparece en medios de comunicación, es sabido que esta ganadería “industrial” atenta contra el medio ambiente, el bienestar animal y tiene a las personas que en ella trabajan sumidas en una gran precariedad laboral. Y además pone en riesgo la supervivencia de la ganadería extensiva tradicional.
El caso de Aragón es paradigmático. Aquí el sector predominante es el sector porcino. Y aunque la tradición del porcino en esta tierra es larga, el crecimiento del sector y el desarrollo de grandes explotaciones de cerdos está yendo mucho más allá de lo sostenible. En España grandes marcas han ido llenando nuestras zonas rurales de grandes explotaciones, con las consiguientes emisiones de metano, la contaminación de aguas y suelo, para producir carne de cerdo. Mucha de ella con destino a la exportación a China, lugar donde hubo gran expansión de la peste porcina, y se vieron obligados a importar carne de cerdo. Pero, en el momento en el que ese problema desaparezca (y no tardará mucho), China dejará de importar carne de cerdo. Y la burbuja se pinchará. En octubre de este año Aragón ya adelantó a Cataluña en el censo de ganado porcino. Hay 8’8 millones de cerdos en Aragón; es decir, 6 cerdos por habitante.
Desde 2015 se ha producido un incremento del 35%, Cabe señalar que en estos momentos en las Cortes de Aragón hay en tramitación un proyecto de ley para la “protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de Aragón”. En él dice que la ganadería intensiva “pone en peligro tanto la sostenibilidad ambiental del territorio, como la sostenibilidad económica y social”. Así como que la agricultura familiar “está sometida a riesgos especialmente relevantes en el ámbito de la ganadería intensiva”. Así que, es evidente que hay una pregunta que socialmente tenemos que hacernos: si el gobierno de Aragón manifiesta en su proyecto de ley estas inquietudes, que coinciden con la Agenda 2030 y con lo que dice el ministro de Consumo, ¿cómo interpretar la reacción de quien lo preside y de su partido en la provincia de Teruel?
