El Gobierno de Aragón ha decidido modificar los criterios de vigilancia y control del covid, dando acceso a pruebas PCR exclusivamente a los contactos directos convivientes, mayores de 65 años y personas vulnerables, dejando al resto de contactos directos la responsabilidad de someterse a un test de antígenos. Ante esta decisión, que el Partido Popular de Aragón no comparte, la portavoz de Sanidad del PP, Ana Marín, ha exigido hoy que se implante la gratuidad de los test de antígenos.
“En estos momentos, el Gobierno de Aragón ha decidido que toda la responsabilidad recaiga en los ciudadanos, que debemos someternos a una especie de autodiagnóstico. Una decisión que consideramos errónea ya que la consecuencia más clara es la reducción de las estadísticas de positivos, ocultando las cifras reales, porque no se conocerán con exactitud al no realizarse todas las pruebas necesarias. Además, esto no pueden hacerlo sin que esos test sean gratuitos para el conjunto de los aragoneses, porque hay muchas personas que no se los pueden permitir y en estos momentos ni tan siquiera se puede acceder a ellos por falta de abastecimiento, el Gobierno debe garantizar ese abastecimiento”, ha lamentado Marín, quien ha dudado de que “esta restricción a las pruebas PCR sirva para descongestionar la Atención Primaria. Corremos el riesgo de que ocurra precisamente lo contrario, porque el virus puede extenderse más todavía y sin control sanitario”.
MÁS PERSONAL Y MÁS RECURSOS
La portavoz de Sanidad del Partido Popular ha hecho hincapié en que tanto los profesionales sanitarios como el PP llevan meses denunciando el colapso de la Atención Primaria, pero el “Gobierno de Aragón calla, y no actúa y ahora otra vez llega tarde, muy tarde. Para descongestionar la Primaria lo que hacen falta son más profesionales y más medios materiales”.
En este sentido, la diputada popular recuerda que en noviembre el Salud despidió a un total de 2.628 personas, entre ellos había 707 enfermeros, 8 especialistas de área, 18 médicos de familia, 922 técnicos auxiliares de enfermería, 66 técnicos sanitarios de laboratorio, 9 telefonistas y 21 técnicos de auxiliar de farmacia. “Esta medida es la que colapsa nuestra Atención Primaria, pero de esto el Gobierno de Lambán ni una palabra”, ha dicho Marín.
El Gobierno de Aragón una ola más, la séptima, va por detrás de los acontecimientos, con medidas negativas y sin elementos que las contrarresten, tanto en el ámbito sanitario como en el económico, lanzando el triste mensaje a los aragoneses de que esto es un “sálvese quien pueda”, sostiene Ana Marín, que también ha querido enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a la hostelería y el ocio nocturno porque “ellos no son los culpables de la situación, no han cobrado las ayudas y exigimos que se les compense ya por las nuevas restricciones”.
