La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en España, Isabel Rodríguez, ha resaltado la larga trayectoria del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) y lo ha puesto como ejemplo «en pequeño» de lo que el Gobierno de España pretende con los fondos europeos para la recuperación: modernizar la economía hacia un modelo circular y verde, aprovechar los recursos endógenos –patrimonio cultural y turístico– para generar empleo, mejorar las infraestructuras de la comunicaciones y los equipamientos del territorio.
En definitiva, se trata de hacer un país «mucho más desarrollado», ha puntualizado la ministra. Rodríguez ha visitado este miércoles la capital turolense para firmar junto al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el convenio del FITE 2021, un fondo «que hemos conseguido actualizar» gracias a la participación de los sindicatos, empresarios y la Diputación Provincial de Teruel, que «nos han acompañado en la definición de los objetivos», ha apostillado.
«Creo que hemos hecho un esfuerzo por darle una mayor continuidad», ya que el hecho de «hacerlo de manera bilateral, le da tranquilidad a los proyectos» y les permite «ser más amplios», ha esgrimido Rodríguez.
Ha resaltado lo siguiente. «Es un día feliz para mí como ministra, porque es el primer convenio que firmo, y hacerlo en Aragón, que es un territorio parecido a mi comunidad autónoma, Castilla La Mancha, es una gran noticia».
También ha reconocido que le apetecía «mucho» que esta fuera su primera firma como componente del Ejecutivo nacional, ya que este convenio «pone de manifiesto» una cuestión «muy importante» para el Gobierno de España que es la «cercanía» con los territorios y el compromiso de responder a las expectativas de los territorios. Este acuerdo es «en pequeño» lo que ahora «hemos hecho en grande con los fondos europeos», ha resaltado Rodríguez.
En esta línea, la ministra ha considerado que es un «gran» día para los gobiernos de España y Aragón porque este convenio supone una inversión de 60 millones de euros para una tierra que «merece una atención preferente en el marco constitucional de solidaridad», que imprime esa necesidad de «estar atento a aquellos lugares donde existen más dificultades». El objetivo final es «hacer un esfuerzo» entre comunidades y el Estado para «cohesionarnos social y territorialmente», ha opinado.
