Hace unas semanas el Congreso de los Diputados aprobó la ley del cambio climático que Teruel Existe apoyó, que con sus enmiendas incorporó que se garantizará que las instalaciones de renovables respeten los paisajes y contribuyan al desarrollo del territorio. Tomás Guitarte en la aprobación de la ley en el Pleno señaló que, a pesar del artículo mencionado, la concreción para ordenar el despliegue de renovables era un punto débil de la ley, por ello Teruel Existe presentó una Proposición No de Ley en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se debatió este martes.
Despliegue de renovables: diferencias entre la teoría y los hechos reales en los pueblos
El diputado de Teruel Existe comenzó su intervención resaltando un contraste: durante la tramitación de la ley que debería de haber regulado el despliegue, se han acelerado las solicitudes administrativas para grandes proyectos de renovables e incluso la aprobación de bastantes de estos macro-proyectos por parte de muchas comunidades autónomas. Recordó que Teruel Existe ha pedido, en repetidas ocasiones, que la política de transición energética y, por lo tanto, el despliegue de renovables, atendiese a su impacto territorial.
Tomá Guitarte explicó los contrastes en este tema. Así en el ámbito teórico de la política y la elaboración de la normativa se dice querer proteger el medio natural y buscar la participación en los beneficios de los propietarios rurales. Pero señaló que los hechos reales de la realidad cotidiana, en los pueblos de Teruel, al igual que en otras provincias de baja densidad, “este proceso se está haciendo de una forma indiscriminada sobre la biodiversidad, con poco a nada respeto a las zonas con alto valor natural y paisajístico que viven del turismo rural sostenible, dejando unos ingresos mínimos en los territorios, en ocasiones con presiones a pequeños ayuntamientos y propietarios”.
Frente a esta divergencia entre el plano político – legislativo y el plano de los hechos reales, Tomás Guitarte planteó la necesidad de que el Congreso acuerde impulsar esta Proposición No de Ley sobre el despliegue de renovables. Además valoró que también aportaría seguridad jurídica a este proceso, ante la divergencia que existe entre la realidad de las decisiones administrativas, y las normas fijadas por leyes ya existentes.
La ley exige una evaluación estratégica ambiental previa para el despliegue de renovables
El Diputado explicó que se ha realizado una evaluación estratégica ambiental del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, pero, Guitarte centró una de sus críticas en que “no se ha realizado una evaluación ambiental estratégica del despliegue de renovables”, cuando es prescriptivo por la ley 21/2013 de evaluación ambiental estratégica. Guitarte señaló que la mencionada ley dice que “la obligación principal que establece la ley es la de someter a una adecuada evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización”. Guitarte precisó que “no se puede colocar bajo el paraguas del Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ( PNIEC) una acción de las dimensiones del despliegue de renovables”; incluso cuando el propio estudio ya “indica los impactos negativos que no se han corregido en el despliegue de renovables”. Para aplicar estas exigencias quizá ustedes “Me dirán que no hay plan de despliegue de renovables”, dijo Guitarte quien continuó, “es cierto que no es un plan administrativo porque no se ha creado esa figura; pero es innegable que existe un planteamiento común en todo el proceso y que el Gobierno debería acoger y controlar este proceso.”
Tomás Guitarte leyó una cita de la Revista de Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente en 2012, para apoyar su argumento: “La omisión de este control ambiental, evitando aprobar un instrumento en el que se recojan todas estas actuaciones, puede viciar de nulidad los procedimientos de autorización de las distintas zonas…”
Teruel Existe plantea en su PNL que es evidente que este proceso “desborda tanto los instrumentos legales que se utilizan para su ordenación, como a la capacidad de control de la Administración”; que la legislación española y las administraciones públicas carecen de un modelo físico de implantación para estas instalaciones, cuyo alcance está transformando, de manera radical, amplios territorios rurales (con usos agrarios, forestales, de pastos y de turismo sostenible) en áreas de industrialización extensiva.
También proponen que es necesario conseguir que las instalaciones fotovoltaicas y eólicas sean compatibles con la biodiversidad, los pastos y los cultivos agrarios, desarrollando instalaciones agrovoltaicas, para que no sean un factor de expulsión en la corriente migratoria. Del mismo modo, piden que es necesario conseguir una tarifa eléctrica diferenciada que facilite la instalación de las industrias electrointensivas en las comarcas con parques de energías renovables.
Evitar el conflicto escuchando la reacción social frente al despliegue de renovables
Sobre la percepción social del despliegue de las energías renovables, resaltan como se ha ido produciendo un cambio paralelo al despliegue de macroproyectos que está generando una preocupación y un malestar creciente, incluso una oposición cada vez más amplia, con una reacción ciudadana organizada. Guitarte subrayó que “hay una gran contestación social en muchas provincias de la España Vaciada y del norte del país, una importante preocupación social en muchos territorios porque se está tolerando la pérdida de biodiversidad de manera gratuita, el deterioro de la sostenibilidad en muchos territorios en los que el turismo rural y el paisajes son recursos importantes, y en todos ellos la consecuencia es que se incrementará la despoblación, como se ha demostrado en otras zonas”.
Valoran que esta situación puede dificultar el éxito del propio proceso, que deben buscarse las causas de esta reacción en el despliegue masivo, en los mínimos controles, en la escasa transparencia en los procesos de implantación, y en la insuficiente participación de las comunidades locales. “Nuestro mensaje es “todavía estamos a tiempo”, concluyó Guitarte.
Acuerdo transaccional entre Teruel Existe y Partido Popular que fue rechazado
Después del debate, Teruel Existe y Partido Popular llegaron a una transaccional que mantenía los contenidos de la propuesta de la Agrupación, incluyendo la petición al Gobierno de dos instrumentos. En primer lugar la creación de una Hoja de Ruta para el despliegue de las renovables, con un código de buenas prácticas para la participación de las comunidades locales y el fortalecimiento de las comunidades energéticas, incluyendo en esta función a las cooperativas agropecuarias. En segundo lugar, la aprobación de una ley para ordenar el despliegue de las renovables que debería incluir un modelo físico de implantación, un canon sobre las energías renovables y las obligaciones de las comunidades autónomas en la ordenación de este despliegue.
La votación final de los diputados representantes de los grupos parlamentarios rechazó esta transaccional, que obtuvo 15 votos a favor, 19 votos en contra y una abstención.
