La formación municipal Ganar Teruel – IU presentará, para su resolución en el próximo pleno del Ayuntamiento, una serie de medidas para la reversión de una gestión pública de los servicios externalizados en la ciudad de Teruel. Según afirman, numerosos estudios y análisis realizados desde las administraciones públicas demuestran que los servicios públicos gestionados de forma directa desde las propias instituciones son de mayor calidad, e incluso, se reducen sus costes. Esto se debe a que, al no primar el beneficio económico, aumenta la eficacia lo que repercute en unas mejores prestaciones para los ciudadanos.
La entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, provocó que la contratación pública pasase a convertirse en un “elemento racional al servicio de los estados para impulsar el mercado interno en base a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando un uso racional de los fondos públicos.” Así mismo, esa ley recogía la utilización de la contratación pública para la promoción de las PYMES y la defensa de la competencia, así como garantizar las políticas nacionales en materia social, ambiental y de Innovación y desarrollo.
Para garantizar ambos aspectos, la formación propondrá una serie de medidas para que el Ayuntamiento de Teruel se ajuste a este reglamento y actualicen los pliegos de condiciones que se firmen para la prestación de estos servicios públicos. Para ello ha establecido una serie de puntos fundamentales para reformular esos pliegos de condiciones. Por un lado, pretenden que se lleve a cabo un estudio comparativo desde los Servicios Jurídicos Municipales para evaluar los costes, la calidad y el impacto social, laboral medioambiental y de innovación de la gestión; de aquellos servicios que han sido externalizados. Por otro, una vez elaborado este estudio y teniendo en cuenta los resultados del mismo, se procedería aestudiarse la recuperación de aquellos servicios externalizadosque hayan obtenido una evaluación negativa.
Por otra parte, añaden que estos mismos servicios jurídicos deberán estudiar las cláusulas de contenido social, laboral, innovación y sostenibilidad ambiental en las contrataciones llevadas a cabo por el ayuntamiento desde que entró en vigor la Ley 9/2017, además de vigilar su impacto real. El objetivo final de este trabajo desembocará en la implantación de un modelo de desarrollo de crecimiento inteligente, sostenible e integrador que tenga la racionalidad del uso de fondos públicos como eje principal de sus políticas.
Para Ganar – IU los servicios públicos a la hora de ser contratados deben de contar pues con los siguientes elementos. Una garantía de calidad del Servicio, Las condiciones en que son prestados teniendo en cuenta la perspectiva social, medioambiental de innovación y de desarrollo y el papel de la administración como garante de ambos elementos. Ya que es la última responsable de que estos servicios públicos se presten de manera correcta, ya sea a través de una gestión directa o indirecta.
