En 2010, el ministro de Educación del PSOE Ángel Gabilondo presentó el “Pacto Social y Político por la Educación”. El documento se articulaba en torno a una serie de objetivos para una década. La adopción de estas medidas requería algo muy ansiado por los docentes y la comunidad educativa: dotar al sistema de la estabilidad necesaria para que su aplicación fuera efectiva. Esto implicaba el trabajo conjunto del Ministerio de Educación y de las administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, así como la participación de los agentes sociales, especialmente los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa.
Los objetivos de este gran “Pacto Social y Político por la Educación” que propuso Gabilondo eran lo siguientes:
1. El éxito educativo de todos los estudiantes.
2. Equidad y excelencia. La evaluación como factor para mejorar la calidad de la educación.
3. Flexibilidad del Sistema Educativo. Estudios posobligatorios. Educación permanente.
4. La Formación Profesional como instrumento clave para avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico.
5. Nuevas formas de enseñar y de aprender: el papel de las tecnologías de la información y la comunicación.
6. Plurilingüismo. Impulso al aprendizaje de idiomas.
7. La educación como bien de interés público y derecho de toda la sociedad.
8. Modernización e internacionalización de las universidades. Formación, investigación, transferencia del conocimiento y responsabilidad social.
9. Dimensión social de la educación: becas y ayudas al estudio.
10. Convivencia y educación en valores: implicación de la familia, del profesorado y de la sociedad.
11. Profesorado: reconocimiento profesional y social del docente.
12. Educación inclusiva, diversidad e interculturalidad: derecho a la diferencia sin diferencia de derechos.
A este texto se sumaron muchas aportaciones de distintos actores y, tras mucho trabajo, se consiguió un acuerdo extenso entre agentes sociales y comunidad educativa: sindicatos, asociaciones de padres (de la educación pública y privada), patronal de centros privados y partidos políticos. Todos los partidos excepto uno, el Partido Popular, que nunca ha aceptado un Pacto por la Educación y frustró entonces la que parecía ser la mejor oportunidad que hemos tenido nunca para alcanzarlo.
10 años antes de este pacto fallido, en 1990, hubo un gran acuerdo en el Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios del PSOE, CDS, CIU, PNV, IU y Grupo Mixto aprobaban la Ley de Educación. De nuevo se descolgó el PP. Otra Ley de Educación, la de 2006, fue aprobada por el PSOE, CC, CIU, PNV, IU, ERC y Grupo Mixto.
Recuerden que el Partido Popular ha promulgado dos leyes educativas en este siglo: la del 2002 fue apoyada por el propio PP y CC, y la recién sustituida LOMCE, del 2013, fue apoyada en solitario por el rodillo de la mayoría absoluta del PP. No concitó ni un solo apoyo. De hecho, mientras que la LOMLOE ha admitido durante su tramitación 250 enmiendas y 300 aportaciones de la comunidad educativa, la LOMCE sólo admitió 12 enmiendas.
Con esta realidad, que el responsable provincial del Partido Popular aparezca en los medios de comunicación mostrando su malestar por la “aplicación forzada” de una ley que, a su juicio, “debería salir por consenso” es algo más que una broma de mal gusto. La evidencia es clara y tozuda.
Sí señores, los docentes deseamos un Pacto por la Educación para poder trabajar de la mano de toda la comunidad educativa durante un periodo estable. Es en este escenario donde, a bien seguro, podrían verse los frutos educativos que todos deberíamos desear. Pero, claramente, no todos desean llegar ahí.
Mi agradecimiento y reconocimiento al profesor y ex ministro Gabilondo que logró unir a todos los representantes sociales, económicos y políticos de la educación española (excepto al PP). Mi aplauso para todos los que lo han intentado y a los que quieren seguir en ese buen camino. La historia echa la vista atrás y refleja claramente quiénes han participado o no en el empeño de un Pacto por la Educación y quiénes ha puesto zancadillas permanentes para que este objetivo transcendental no sea una realidad en nuestro querido país.
Pero el debate alrededor del articulado de la LOMLOE no solo revela un profundo desprecio por el pacto y la incapacidad de aceptar algún tipo de concesión sobre una única forma de entender la educación, la suya. También es un ejemplo de desprecio hacia la propia Constitución Española, a la que hace referencia en repetidas ocasiones la nueva ley educativa.
En realidad, ya estamos acostumbrados a que los que reparten carnés de constitucionalistas, destaquen solo las partes del texto la Carta Magna que les interesan y desprecien las que no. Ahora lo están haciendo con el maravilloso artículo 3, que dice literalmente esto:
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Esta es la realidad de España. Para entenderla no hace falta más que leer la Constitución, a la que hace referencia explícitamente el articulado más criticado de la nueva Ley de Educación. Todo lo demás es mentira, una cruzada a base de noticias falsas para erosionar al Gobierno de España y vestida de nacionalismo radical.
Con su intención de poner el foco exclusivamente en lo que les interesa, los que se manifiestan contra la LOMLOE no dicen que el texto también incluye el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de religión sigue impartiéndose, aunque no va a contar para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo (aulas de niños y aulas de niñas); la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la «excepcionalidad» de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato, más general, para que puedan acceder alumnos con menos capacidades; o la derivación de ciertos alumnos que ahora están en centros de Educación Especial a centros ordinarios, apostando por la integración si es posible y fortaleciendo a los propios centros públicos en el plazo de 10 años, en coordinación y tutela con los centros de educación especial.
Que el Estado vaya a reforzar con la nueva ley educativa los centros ordinarios para propiciar la integración de las personas con discapacidad que, por cierto, era algo que defendían en sus programas electorales tanto PP como Ciudadanos, no significa que vayan a cerrar los colegios especiales. Ni ahora ni dentro de diez años. Lo que se aprueba es lo que exige la ONU, que ya amonestó a España por entender que la sistemática matriculación de personas con algún tipo de discapacidad en colegios especiales se podía entender como una discriminación.
En esta utilización manifiesta de noticias fakes, bulos o, simplemente, mentiras, VOX defiende ahora los centros con los que quería “acabar” (literal) en su programa electoral de 2016. Todo sea por la confrontación y el caos.
Una última cosa. No es cierto que todos los españoles tengamos el derecho a elegir entre educación pública y concertada. En el medio rural no tenemos colegios concertados. Y seguramente, ya lo ha demostrado en otras ocasiones, el Partido Popular hubiera cerrado 100 escuelas públicas que hoy el Gobierno de Aragón mantiene abiertas en el medio rural. ¿Qué falsa libertad es esa que defienden?
Y en el medio urbano, donde están ubicadas las escuelas concertadas, la libertad deben tenerla todos los alumnos y alumnas en igualdad de condiciones, Ya que el concierto lo paga el Estado, no debe permitirse la segregación y la selección del alumnado, sino que la inscripción debería realizarse por los procedimientos habituales y sin cobro adicional alguno.
Manuel Rando López.
Presidente de la Diputación de Teruel y alcalde de Calamocha.
Maestro y exdirector en la Escuela Rural con destino definitivo en CRA “Eras del Jiloca” y exsecretario general de la Federación de Enseñanza.
