El Partido Popular ha mostrado su oposición a esta norma «que atenta contra varios de los pilares esenciales del sistema educativo de nuestro país», explican.
Lo han hecho mediante la presentación en la Diputación Provincial de Teruel (DPT) y en el Ayuntamiento de la capital de una propuesta contraria a esa Ley y que será debatida en los próximos plenos de ambas instituciones. Un texto que han dado a conocer este viernes la alcaldesa de Teruel y diputada provincial, Emma Buj, en compañía del también representante en la DPT, Francisco Narro, y del portavoz ‘popular’ y concejal de Educación, Javier Domingo.
En palabras de Buj, es una Ley “perjudicial para el sistema educativo”. Lo ha justificado en que “no ha escuchado a nadie a la hora de elaborarla, a ningún colectivo del sector ni grupo político, a excepción del PSOE, Podemos y sus socios separatistas” y también en que “atenta contra la libertad de las familias, la educación especial, la cultura del esfuerzo, la función pública y el castellano”.
Especialmente grave ha calificado la alcaldesa de Teruel el ataque a la libertad de elección de las familias, con gran énfasis a la escuela concertada. Tal y como ha recordado, tanto en la capital como en Alcañiz conviven centros públicos y concertados: cinco y cuatro en Teruel, mientras existen tres y dos en la capital del Bajo Aragón, respectivamente.
“Hasta ahora las familias podíamos elegir dónde llevar a nuestros hijos”, ha recalcado, posibilidad que ha advertido que “se va a acabar” porque con esta Ley “será el Estado el que asigne a cada familia el colegio al que tienen que llevar a sus hijos”. Asimismo, ha puesto el foco también en la decisión de que el castellano no sea contemplado en la nueva normativa como una lengua vehicular cuando en la actualidad es una de las más usadas en todo el mundo.
“Tenemos uno de los idiomas más hablados y quieren que en algunos territorios de España quede erradicado”, ha criticado. Si estos hechos han sido calificados por Buj como “muy graves”, tampoco ha rebajado la consideración con otros tres aspectos que contempla la reforma de la Ley Celaá.
Con respecto a la educación especial ha advertido que esta normativa supone “un retroceso” y ha generado el rechazo de los padres de niños con necesidades especiales porque “van a salir perjudicados”; también que la cultura del esfuerzo “se tira por los suelos” cuando se puede promocionar de curso con asignaturas suspendidas; y ha mostrado su repulsa a que los inspectores educativos puedan ser elegidos de manera discreccional por el Gobierno, “yendo en contra de la promoción interna en un cuerpo fundamental para vigilar la calidad de nuestra educación”.
