La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha calificado como “histórico” el encuentro mantenido este martes vía telemática con una treintena de alcaldes de diferentes formaciones políticas que coinciden en que el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda referido al uso de remanentes y superávit que se quiere convalidar en el Congreso “es una auténtica barbaridad para los ayuntamientos”.
Buj recuerda que los consistorios dan los servicios más cercanos a los ciudadanos, y que el Teruel, el dinero de las Fiestas de la Vaquilla se ha destinado a ayudas de urgencia para alquiler o alimentación, tablets para los niños que no podían estudiar por no disponer de medios telemáticos, ayudas al comercio y al empleo, etc. “Yo quiero que el dinero del Ayuntamiento de Teruel, que es de todos los turolenses, vaya destinado a la recuperación social y económica de nuestra ciudad”, indica, lamentando que “lo que nos están proponiendo es que entreguemos todos esos ahorros para financiar el gobierno de Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias, no tiene ningún sentido que la administración más pequeña esté financiando a la más grande”.
Acuerdo injusto
Por otra parte, la alcaldesa de Teruel considera que el acuerdo planteado es “tremendamente injusto” ya que, en el caso de la capital turolense, “si entregáramos esos remanentes no sólo careceríamos de liquidez y dejaríamos de invertir nuestro dinero en la ciudad, sino que el que menos remanente tiene recibirá menos dinero”. Buj recordaba que “el Ayuntamiento de Teruel estuvo muy mal gestionado económicamente hace años y arrastraba una situación difícil que hoy ha mejorado, pero todavía tenemos poco remanente, por lo que con lo que propone el Estado la aportación que podríamos recibir asciende a poco más de 400.000 euros a cambio de entregar todos nuestros ahorros, y con la propuesta inicial de la FEMP que sí que contaba con el consenso de todos los grupos políticos, supondría que no sólo podríamos gastar nuestro superávit y nuestro remanente sino que además recibiríamos en torno a 3.800.000 euros, además de otro fondo para transporte”.
Los alcaldes reunidos hoy piden a la ministra de Hacienda que retire este Real Decreto e inicie una nueva negociación “exprés” con la propuesta recogida en el documento inicial que se aprobó por unanimidad en la FEMP. “Queremos que esos planteamientos iniciales se reflejen en un Real Decreto que se tramité de forma exprés por lo que antes de un mes podría estar aprobado y convalidado”, concluye Buj.
Necesidad urgente de financiación
En el encuentro, los alcaldes han reivindicado el papel fundamental de los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera, recordando que lo han hecho sin ayudas de ningún tipo, sólo con recursos propios en una situación tan excepcional, por lo que necesitan “imperiosa y urgentemente” ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando a los vecinos los servicios y medidas anti-COVID que necesitan y colaborar en la reactivación de la economía. El rechazo al acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda se basa en que es “injusto y vulnera el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos”, además de vulnerar la autonomía financiera de las entidades locales y establecer una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanentes.
Al mismo tiempo, se ha constatado que el decreto que recoge el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda no cuenta con mayoría suficiente para ser convalidado en el Congreso, por lo que se solicita la apertura inmediata de un proceso de diálogo para iniciar nuevas negociaciones que permitan un reparto de los fondos basado en la igualdad y en la solidaridad, como se hizo con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España.
La nueva negociación debe basarse en el acuerdo alcanzado por unanimidad en la FEMP el pasado 2 de abril para reclamar al Gobierno de España un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permita hacer frente a las dificultades económicas generadas por la crisis del coronavirus, con especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones de euros y al de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público.
También se solicita que se amplíe el plazo de las inversiones financieras sostenibles y se eliminen de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021, así como que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos según sus necesidades.
Este grupo de alcaldes solicita el apoyo de los grupos políticos representado en el Congreso y en el Senado para que rechacen el acuerdo adoptado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y expresan su voluntad de asistir conjuntamente a la sesión del trámite de convalidación en el Congreso para reafirmar con su presencia estos planteamientos y reiterar su deseo de abrir un diálogo con el Gobierno “para mejorar, desde la justicia y la igualdad, la situación financiera de las entidades locales”.
En la reunión han participado los representantes municipales de Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza.
