10 de septiembre. En el Congreso de los Diputados se vota el Real Decreto Ley 27/2020, por el que el Gobierno PSOE-PODEMOS pretende hacerse con los remanentes de los ayuntamientos.
Finaliza la votación. Votos a favor: 156, los ya mencionados PSOE, PODEMOS y sus socios de Teruel Existe. Votos en contra: 193, de 16 partidos políticos. Sí, digo bien, DIECISÉIS PARTIDOS POLÍTICOS votaron en contra de esa norma. La conclusión que se puede sacar es clara: muy mal lo ha tenido que hacer el Gobierno del Sr. Sánchez para poner de acuerdo a tantas fuerzas políticas de tan distintos pensamientos.
Ahora el PSOE de Teruel, en boca de su secretaria general, quiere aparentar que se trata de una confrontación Gobierno-Partido Popular. Nada más lejos de la realidad, a la votación me remito.
Desde el 14 de marzo, los ayuntamientos hemos puesto nuestros medios a disposición de nuestros vecinos y de otras administraciones para luchar contra el coronavirus, hemos reorganizado nuestros presupuestos para atender la mayor demanda de servicios sociales, así como la crisis económica, y queremos seguir invirtiendo en nuestros municipios. Sin embargo, somos los grandes olvidados del Gobierno de España, que recibirá 140.000 millones de la Unión Europea, que transfiere a las Comunidades Autónomas 16.000, pero nos niega todo a los que estamos más cerca de los ciudadanos.
El Real Decreto que fracasó no estaba pensado para ayuntamientos y diputaciones, sino para que el Gobierno pudiera hacerse con nuestros remanentes que nos devolverían a los 17 años. La entrega era voluntaria pero si no lo hacías no recibías ninguna ayuda, vamos lo que viene siendo un chantaje, por no hablar de la “lotería” que suponía este sistema. Por ejemplo, a Teruel como máximo le podían llegar 404.000 euros de un reparto de 5.000 millones, cuando lo que nos correspondería en otro escenario era en torno a 3.800.000.
Los remanentes son una cantidad que se acumula año a año, pero es una cantidad contable, que no necesariamente se corresponde con el dinero que se tiene en el banco, por lo que se daba la paradoja de que ayuntamientos pequeños, algunos de ellos en la provincia de Teruel, tenían que pedir un préstamo para entregar ese dinero prestado al Estado, un auténtico despropósito.
Todo esto, y alguna cosa más, el PSOE de Teruel lo sabe. El Real Decreto fracasó con 193 votos en contra, porque los alcaldes de todos los partidos, salvo los que coinciden con el Gobierno, nos rebelamos ante tanta injusticia. Un triunfo del municipalismo y la política cercana frente a la soberbia.
Dice la Sra. Pérez que “el PP nunca ha explicado cuál era su plan”, faltando a la verdad porque el plan del PP está recogido en un documento llamado “PILARES LOCALES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL”, aprobado el 22 de mayo por unanimidad de todos los partidos, incluido el PSOE, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a cuyo órgano de gobierno tengo el honor de pertenecer. Este documento es la base sobre la que el PP quiere llegar a un acuerdo y para ello nos hemos ofrecido a negociar desde ese ya lejano 22 de mayo.
Desde el Partido Popular seguimos queriendo negociar y llegar a acuerdos como reiteradamente ha manifestado nuestro portavoz en la FEMP, Jorge Azcón, sobre el que el PSOE de Teruel quiere desviar la atención alegando su defensa de las grandes ciudades y la población. De nuevo falsedades y medias verdades. El documento mencionado y conocido en la FEMP como “Pilares”, en su página 37, dice textualmente “la distribución final a cada corporación local dentro de cada uno de los bloques se propone que se efectúe mediante la simple distribución en atención al número de habitantes de cada corporación, si bien no se descarta la necesidad de introducir algún coeficiente corrector en atención a fomentar el reequilibrio de las áreas territoriales con un mayor impacto por el despoblamiento rural y reto demográfico”, párrafo que por cierto fue introducido por el Partido Popular, ya que somos el único grupo con presencia de diputados provinciales.
Los criterios de población han sido los que el PSOEha empleado históricamente en los Planes E de Zapatero para ayuntamientos, en la financiación autonómica y en ese nuevo fondo autonómico de 16.000 millones, y el que ofreció la propia ministra de Hacienda, quien ha mostrado poca o nula sensibilidad con el mundo rural ya que la propia Sra. Pérez reconoce en su artículo que “la ministra hizo una oferta final para satisfacer al grupo de alcaldes de grandes ciudades”. ¿Y los demás no contamos?.
Sobre la conocida como “Ley Montoro” ya he manifestado públicamente en repetidas ocasiones que se trató de una Ley muy útil en 2012 cuando la mayoría de los ayuntamiento de España tenían serios problemas de deuda y de liquidez. Pero las leyes económicas deben cambiarse cuando varíanlas circunstancias y hoy los ayuntamientos estamos saneados, pero en cambio la sociedad tiene encima una crisis económica brutal que requiere inyectar dinero en nuestros municipios. Por tanto, adáptese la normativa.
El Partido Popular es un partido plural, capaz de aunar los intereses de Madrid con los del pueblo más pequeño de España porque lo que nos guía es el interés general. Somos municipalistas porque creemos en la política cercana y somos un partido de Estado, capaz de tender la mano para llegar a acuerdos siempre que haya alguien al otro lado que de verdad quiera ese acuerdo.
El Partido Popular quiere y ofrece llegar a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para que los ayuntamientos podamos gastar nuestro dinero, pero también reclamamos un fondo incondicionado de 5.000 millones de euros y otro extraordinario para el transporte, como fue aprobado en la FEMP.
Cuando nos encontramos los alcaldes es evidente que somos capaces de poner lo que nos une por encima de lo que nos separa. El Gobierno del Sr. Sánchez tiene una segunda oportunidad para alcanzar un acuerdo que atienda las necesidades de pueblos y ciudades. Espero sinceramente que sepa aprovecharla.
